La Ley del Patrimonio Histórico y Cultural Municipal fue vetada por el gobierno de Nuevo León aludiendo una serie de observaciones, por lo que será devuelta al Congreso local para su posterior análisis.
- Te recomendamos En Nuevo León, aprueban ley "que pone en riesgo" inmuebles históricos y culturales Cultura
La también conocida como “Ley de Catalogación” había sido criticada por agrupaciones civiles, colegios, academias de arquitectura y por el centro INAH Nuevo León, al considerar que abre la puerta a la pérdida del patrimonio arquitectónico del estado.
A través de un oficio girado por la subdirección de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, de la Secretaría general de gobierno, se notifica que el decreto 500 de la mencionada legislación fue devuelto al Congreso del estado con una serie de observaciones.
Entre las observaciones se cuestiona el impacto al presupuesto, la creación de fondos sin especificar el financiamiento, así como una “innecesaria y perjudicial duplicación de leyes” para la protección del patrimonio de Nuevo León.
La notificación del veto fue difundida por redes sociales el miércoles, lo cual fue reconocido por agrupaciones como la Asamblea de Barrio Antiguo, que la consideró como una buena noticia.
El dictamen de La Ley de Patrimonio Histórico y Cultural Municipal fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 29 de abril, iniciativa que había sido propuesta por la Comisión de Educación Cultura y Deportes.
Las agrupaciones defensoras del patrimonio criticaban que esta iniciativa ponía en manos de los ayuntamientos la consideración de conservar, o no, los inmuebles históricos y arquitectónicos, a través de la creación de catálogos y consejos municipales.
Por su parte, el centro INAH Nuevo León acusó duplicidad de funciones al contar con catálogos actualizados de los inmuebles con valor históricos y brindar protección, dentro de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos de la dependencia federal.
Agrupaciones como el Colegio de Arquitectos, la Academia de Arquitectura, la empresa Restaurika y la Junta de protección de Linares presentaron cuestionamientos a esta legislación en el Congreso, sin ser tomados en cuenta.