Hace una semana, el presidente de la República anunció que la conclusión y puesta en servicio del Tren Interurbano de Ciudad de México a Toluca ya no será un asunto prioritario dentro de su administración. Tanto el mandatario como el secretario de Comunicaciones y Transportes argumentaron que los 25 mil millones de pesos que restan para terminar la obra exceden las estimaciones actuales y tales recursos no existen en su presupuesto, por lo que probablemente entregarán la obra en dos o tres años. Es obvio que no toman en cuenta que no será el primer retraso en la entrega de dicha infraestructura ya que el gobierno anterior prometió inaugurarla en diciembre de 2017.
Para el ciudadano común realmente es irrelevante culpar a un gobierno o a otro por el incumplimiento de un compromiso, dado que la inversión ya ha sido realizada en un noventa por ciento. El daño a la ecología y al paisaje, sobre todo en la zona que atraviesa por el municipio de Ocoyoacac dentro del parque natural de la Marquesa, es irreversible y parece ser que tendremos que resignarnos con la carga de otro esqueleto inconcluso al menos por dos años más.
El perjuicio mayor a la ciudadanía es, sin duda, la falta del servicio de transporte rápido y económico entre ambas ciudades, que ya es urgente e impostergable desde hace al menos cinco años. ¿Acaso las 230 mil personas que usarían el tren diariamente consideran la decisión de posponerlo como una medida acertada? Parece que nuestros gobernantes no son conscientes de que la política, el desarrollo urbano y la sociología son disciplinas contingentes. Una decisión en uno de estos campos, por ejemplo la suspensión de una obra por su rentabilidad política, repercute en otros sectores como el demográfico. Un gobierno que se posiciona a favor de las clases menesterosas, debe tener como prioridad el bienestar e igualdad de todas las personas y favorecer al transporte público por encima del privado.
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URBANISMO POLÍTICO
El urbanismo se relaciona con la política sobre todo cuando se toman decisiones sobre las obras públicas. Es común que los gobernantes utilicen las obras de infraestructura como argumentos retóricos, tanto a favor de sus administraciones, como en contra de las anteriores.