El magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el “caso Negreira”, atribuye a todos los investigados del caso un presunto delito de cohecho, incluyendo el FC Barcelona como persona jurídica, según el auto publicado hoy por la prensa local.
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En esta causa que investiga los pagos del FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira durante casi dos décadas, están investigados el propio Negreira, su hijo Javier, el Barça como persona jurídica, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club, Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.
El magistrado atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor, y a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados les atribuye un presunto delito de cohecho activo.
En su escrito, mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los hechos supusieron un presunto delito de corrupción deportiva.
Los implicados han recibido este auto este mismo jueves, coincidiendo con los registros que la Guardia Civil hace en la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por orden del instructor.
Por lo que ha investigado hasta ahora, el juez sabe que los pagos perduraron unos 18 años y que se multiplicaron desde los 70.000 euros anuales a los 700.000: “Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual”.
Aguirre también deduce que “los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”.
Añade que el Barça prescindió de los servicios de Negreira en cuanto él cesó de la vicepresidencia del CTA, tras lo que él "envió una carta intimidatoria al expresidente del FC Barcelona Bartomeu indicándole, en esencia, que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club".
Para el juez, de esta carta "se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad".
En el auto, el magistrado expone que la Real Federación Española de Futbol (RFEF), de la que es parte el Comité Arbitral, “tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública”, y por tanto añade que sus directivos deben ser considerados como funcionarios a efectos penales.
Recoge la jurisprudencia sobre el delito de cohecho, que afecta a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de un particular, es decir, un soborno.
Respecto a este delito, el juez avisa que el cohecho “se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”.
AVV