La Fiscalía de Perú ha retirado los cargos de integrar una red criminal que había imputado al presidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), Agustín Lozano, en cumplimiento de una nueva ley que obligó a modificar la acusación contra el dirigente, que ahora estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
El fiscal provincial contra el crimen organizado Juan Orihuela informó este miércoles al Canal N de televisión que la reforma legislativa ha limitado la capacidad del Ministerio Público para investigar varios delitos en el marco de la Ley de crimen organizado.
Señaló que, inicialmente, se había considerado una presunta red ilícita vinculada a la administración de la FPF, pero la ley promulgada en octubre pasado impide comprender en ella al fraude a la administración de personas jurídicas y la corrupción privada, que reciben condenas máximas de hasta 5 años de prisión.
"Esto ha generado un problema grande en muchas investigaciones, el Congreso de la República ha atado de manos a las fiscalías contra el crimen organizado", remarcó.
Orihuela detalló que la Quinta Sala de la Corte Penal Nacional aplicó esta nueva ley al caso que se sigue contra Lozano, y otros dirigentes del futbol nacional, que ahora tendrá que ajustarse a las nuevas normas.
Ratificó que ya no se señala el delito de crimen organizado, "no porque no haya suficientes elementos", sino "simplemente porque la ley lo impide" y se ha pedido que esta investigación se acumule con otra que realiza la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos contra el dirigente deportivo.
Tras conocerse la medida, la abogada de Lozano, Giulliana Loza, consideró que la decisión de la Quinta Sala de la Corte Penal Nacional "viene de la mano con los convenios internacionales y, al menos desde ese punto, no hay cuestionamiento alguno".
"El punto esencial es que se han modificado los hechos imputados y, por tanto, la calificación jurídica", remarcó al Canal N antes de considerar que el nuevo fiscal del caso deberá analizar si mantiene el pedido de prisión preventiva contra el presidente de la FPF, que será revisada por un tribunal el próximo 10 de diciembre.
La Fiscalía pidió el pasado 19 de noviembre que se impongan 36 meses de prisión preventiva para Lozano, quien fue detenido el 7 de noviembre de manera preliminar como parte de la investigación de un presunto uso indebido de recursos de la FPF, la supuesta entrega de favores a algunos clubes nacionales y una acusación de reventa de entradas y de viajes al mundial de Qatar 2022.
El arresto se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial en la que también se incluyó a los presidentes de los clubes Sporting Cristal, Joel Raffo, y Cantolao, Karen Mandriotti, así como a otros dirigentes vinculados al futbol nacional.
Lozano salió en libertad el 19 de noviembre, junto con los otros presuntos implicados en este caso, entre ellos Raffo y Mandriotti, quienes aseguran ser inocentes de las acusaciones.
CIG