El ex presidente de la Real Federación de Fubol y ahora candidato a dirigirla, Pedro Rocha, fue imputado por la juez madrileña del Juzgado 4 de Majadahonda que investiga el caso “Brody”, que involucra a varios dirigentes por supuesta corrupción en las arcas del organismo.
El ex presidente interino de la RFEF y único candidato a la presidencia del organismo llegó “tranquilo” y dispuesto a “colaborar con la justicia” como testigo sobre las presuntas irregularidades en varios contratos durante el mandato del también investigado, el ex presidente Luis Rubiales.
Sin embargo, la magistrada Delia Rodrigo suspendió su declaración y le comunicó su nueva condición de investigado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que le volverá a citar más adelante para interrogarle acompañado de su abogado.
La decisión de la magistrada hace prácticamente imposible que Rocha se convierta en presidente de la RFEF y ocupe el cargo que se vio obligado a abandonar Rubiales, de quien el dirigente extremeño fue vicepresidente económico en la etapa del granadino.
El ahora investigado, considerado el delfín de Rubiales, consiguió más de un centenar de avales para presentarse a la presidencia de la RFEF. En concreto, 107 de los 138 apoyos de cargos federativos presentes en la asamblea general, el 77% del total.
Según fuentes judiciales, Rocha aseguró que no sabía “nada” del contrato de la Supercopa llevada a Arabia porque “eso fue en 2018” y él entró en la Comisión Económica de la Federación en 2020. El problema es que después de esa fecha se firmó una prórroga del contrato que también dijo desconocer y que, en teoría, debía pasar por ese organismo.
Además, descargó toda la responsabilidad sobre los contratos en el propio Rubiales y en su hombre de confianza, Tomás González Cueto, asesor externo y nombrado “comisionado” para el control de las adjudicaciones, entre las que se encuentra la de las obras realizadas en La Cartuja de cara a la Eurocopa 2020.
A preguntas de la juez, Rocha manifestó que las decisiones económicas se adoptaban en función de informes firmados por los técnicos de cada departamento, si bien se contaba también con González Cueto y “todos los contratos pasaban por él”. Al ser preguntado por la necesidad de contar con este asesoramiento externo, Rocha dijo que “fue decisión del presidente”. Una cuestión que será reiterada cuando Rubiales comparezca en el juzgado el próximo 29 de abril y que podría abocar a un careo entre ambos investigados.
De esta manera, el futuro de Rocha queda a expensas del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que salvo sorpresa inhabilitará al dirigente extremeño tras conocerse su imputación, aparte de haberle abierto ya expediente tras admitir a trámite la denuncia presentada contra él por Miguel Galán.
Luis Rubiales fue detenido el pasado 3 de abril por la Guardia Civil y tras declarar fue puesto en libertad, luego de regresar de República Dominicana, donde la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado registró el alojamiento del ex dirigente granadino en Punta Cana por orden de la instructora.
MGC