DOMINGA.– La noche del 2 de diciembre de 2010 en Zúrich, Suiza, no ocurrió una simple elección de sedes mundialistas. Nadie lo quiso ver entonces. El futbol ya se había convertido en la mercancía que se vende al mejor postor entre salones privados, grilla y sobornos entregados en maletines con dinero en efectivo. Hay una docena de pódcast, documentales y libros que lo abordan: el modus operandi de la más grande federación deportiva, un círculo casi perfecto como el balón que rueda en sus canchas.
En un salón acondicionado como set televisivo, acomodados en sillas acolchadas, más de cincuenta dirigentes, diplomáticos, empresarios e invitados especiales fueron testigos de la doble y polémica decisión del conglomerado futbolístico: otorgar las sedes del Mundial para los años 2018 y 2022.
Del primer sobre que abrió Joseph Blatter, el frontman de la FIFA en los últimos 12 años, salió el nombre de Rusia. El régimen de Vladimir Putin fue elegido para organizar la Copa del Mundo de 2018. Pero, en seguida, el segundo contenía una bomba aún más explosiva, Qatar, este emirato árabe quedaba para 2022.
Por primera vez en su historia, la FIFA eligió dos sedes mundialistas en un mismo momento. Explicó que lo hizo por estabilidad comercial, seguridad de los patrocinadores y para lograr planeación a largo plazo. Filtraciones posteriores, investigaciones judiciales de autoridades estadounidenses y centenares de documentos muestran otra realidad. El Mundial no se elige: se pacta, se vende, se compra. Ken Bensinger, del New York Times, lo resumió: “La FIFA no funciona como una organización deportiva, sino como una red criminal con traje y corbata, donde cada voto tenía precio y cada torneo era una oportunidad de negocio personal”.
El balón puede ser redondo pero los boletos, los contratos de transmisión televisiva y los acuerdos políticos no lo son. ¿Por qué la FIFA designaría la sede mundialista a un país con veranos de más de 43 grados, imposible para la práctica del futbol? ¿Por qué una nación sin tradición futbolera, sin liga profesional establecida y donde los deportes más populares eran el criquet y las carreras de camellos?
Cinco años después, en 2015, estalló el FIFA Gate, el escándalo más grande de corrupción al interior de la federación. Periodistas e investigadores construyeron una trama que implicó sobornos de hasta 1.5 millones de dólares por cada voto de los miembros del comité africano en favor de Qatar. Documentos judiciales estadounidenses señalaban una cadena de favores que iban desde acuerdos de derechos de transmisión hasta contratos comerciales con consecuencias millonarias para las federaciones que aceptaban las ofertas.
Philippe Auclair, periodista francés y coautor de la investigación FIFAGate (2015), lo dijo contundente: “Qatar no ganó una elección: construyó una red de dependencia y compró lealtades desde antes de comprar los votos para ser elegida”.
De botepronto, FIFA no respondió con claridad. Entonces encargó una “investigación interna” y contrató a Michael J. García, un exfiscal estadounidense, quien aseguró –en el llamado Informe García– que si bien hubo “conductas inapropiadas” individuales, no afectaron la integridad del proceso de votación. El organismo rector del futbol concluyó que no podía retirarle la sede a Qatar.
La estructura del edificio sede de Zúrich dice mucho más de cómo está construida la organización que mil palabras: un búnker del que, a simple vista, sólo se ven dos pisos desde la banqueta, pero que tiene otros cinco niveles enterrados en el subsuelo. Pareciera una metáfora pero no lo es. La imagen es poderosa: de la FIFA solamente vemos la punta del iceberg.
La compra y venta de sedes para el Mundial
El sonido de las vuvuzelas en Sudáfrica no fue directamente proporcional al ruido metálico del cash que registraron las arcas de la nación de Nelson Mandela. El mecanismo de la FIFA es ultracapitalista: otorgar sedes, aprovecharse de la economía local, su mano de obra e inversiones para obtener ganancias exorbitantes. En 2010, el gobierno sudafricano sufrió una pérdida financiera de unos 2 mil 800 millones de dólares, mientras que la FIFA reportó ingresos récord por 4 mil 189 millones.
Cuatro años después, la sede viajó a Brasil en 2014. En el papel, la decisión parecía lógica: la única nación pentacampeona del mundo, una potencia futbolera, la economía “del futuro” con Luiz Inacio Lula da Silva como símbolo de estabilidad y crecimiento. El relato era perfecto. Pero el guion se rompió antes del silbatazo inicial. Un año antes del Mundial, más de un millón de brasileños salieron a las calles con un grito que cruzó el planeta: “¡Fuera FIFA de Brasil!”. No era un berrinche, era hartazgo social. Mientras se construían estadios de primer mundo, los hospitales y las escuelas seguían en espera.
Entonces se destapó la cloaca de Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en Brasil, que reveló una red de sobornos entre constructoras, políticos y ejecutivos de Petrobras. Y el Mundial no quedó al margen. Odebrecht encabezó lo que los fiscales llamaron “el cártel de las constructoras”: licitaciones amañadas, sobrecostos pactados, excedentes destinados a comprar favores y financiamiento político. Seis de los 12 estadios sede registraron sobreprecios significativos. El espectáculo crecía y las facturas también.
En 2022, Qatar tampoco fue un accidente. Fue la evolución de este modelo: el país sede financia, el sistema FIFA absorbe riquezas. Y no fue nada más dinero dinero: hubo promesas, contratos cruzados, relaciones corporativas y apuestas políticas con más enredos que cualquier clásico del fútbol europeo.
La elección de Qatar no sólo cuestionó el mérito deportivo; reveló un esquema donde el poder económico y las alianzas geopolíticas pesan más que los goles, el juego, los títulos, las ligas y la pasión de millones de aficionados. Si algo –en el imaginario colectivo– hacía único al fútbol era su aparente imparcialidad frente a la política global: esa ilusión ya no existe.
Entrar al caso Qatar es entrar a una cancha donde el dinero no circula: se siembra y se instala. Se convierte en infraestructura, en influencia, en estrategia de Estado. Qatar 2022 fue la confirmación pública de un modelo que la FIFA negaba en voz alta: la Copa del Mundo es un instrumento de posicionamiento global. En este modelo de extracción, el gobierno del país sede asume 100% del costo de los estadios, la seguridad, las telecomunicaciones y el transporte; y la FIFA se queda con 100% de los ingresos por venta de entradas, derechos de televisión y marketing. No se juega para meter goles, se juega para ganar status global, integración estratégica, redes de patrocinio y mercados cautivos.
Phaedra Al-Majid, exintegrante del comité de la candidatura de Qatar 2022, tuvo que convertirse en testigo protegida tras denunciar los pagos a varios dirigentes africanos –que en el pasado “pagaron de buena voluntad” unos 10 millones de dólares a funcionarios para que eligieran a Sudáfrica como sede en 2010– a cambio de que, esta vez, su voto fuera a favor de los árabes. Las declaraciones de Al-Majid fueron desacreditadas por la FIFA pero, luego, corroboradas por documentos judiciales.
Grandes cadenas de televisión, agencias de publicidad, proveedores tecnológicos y corporativos vieron en ese Mundial una veta no sólo deportiva sino también comercial y financiera: el más caro de la historia.
Qatar invirtió 230 millones de dólares, mientras que la FIFA generó 6 mil 314 millones. Pero los árabes no visualizaron el Mundial como un negocio con retorno de inversión sino como una palanca para ganar soft power, marketing global y apalancar su desarrollo nacional; 95% del dinero se destinó al metro de Doha, el nuevo aeropuerto y carreteras que seguirán generando valor durante las siguientes décadas.
Sudáfrica perdió, Brasil pagó, Qatar capitalizó y, como siempre, la FIFA cobró.
El FBI: Futbol Bajo Investigación
En 2015 llegó el ajuste de cuentas. Estados Unidos, que había perdido la sede de 2022 frente a Qatar, a pesar del cabildeo de Bill Clinton y Barack Obama, respondió con una jugada maestra: el FBI. La recién nombrada fiscal general, Loretta Lynch, para desmantelar a la FIFA se basó en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, creada en 1970 para combatir a la mafia de Nueva York por figuras como Rudolph Giuliani.
Esa ley permite tratar a una organización entera como una empresa criminal, castigando a sus integrantes por “conspiración” y no sólo por delitos aislados, lo que convirtió el FIFA Gate en un asalto estratégico al corazón de la estructura. El equipo de las barras y las estrellas no tenía a Messi, pero sí el largo brazo de la ley.
Se presentaron 47 cargos contra ejecutivos de la federación y personajes del marketing deportivo, acusándolos de conspirar en una larga telaraña de sobornos, fraude electrónico, lavado de dinero y extorsión sistemática o racketeering (figura legal que en Estados Unidos se usa para desmantelar organizaciones criminales).
El saldo de esa intervención fue de siete dirigentes de alto rango señalados por conspirar para recibir más de 150 millones de dólares en sobornos –todos, curiosamente latinoamericanos o vinculados a la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)–. Los nombres son:
Eduardo Li (Costa Rica), entonces presidente de la Federación Costarricense de Futbol; Eugenio Figueredo (Uruguay), exvicepresidente de la FIFA; Jeffrey Webb y Costas Takkas (Islas Caimán), figuras prominentes de la Concacaf; Julio Rocha (Nicaragua), exfuncionario de FIFA y líder regional; Rafael Esquivel (Venezuela), exmandatario de la Federación Venezolana de Futbol; y, José María Marín (Brasil), histórico dirigente del futbol brasileño.
Todos ellos enfrentaron cargos bajo la lupa estadounidense por supuesta participación en un esquema continuo de sobornos relacionados con la adjudicación de derechos de televisión, mercadotecnia y otros contratos multimillonarios, supuestamente a cambio de favores dentro de la FIFA. El marcador iba así: FIFA 0, FBI 7. La peor goliza sufrida por los de pantalón largo en toda su historia.
Puros latinoamericanos. Ningún europeo. Y obviamente ningún estadounidense. Ahí, justo ahí, se confirma la venganza del Tío Sam, o debo decir: la venganza del Tío Chuck.
Cuando el loro canta, la FIFA muere
Chuck Blazer fue, en los hechos, el mandamás de la Concacaf. Era la mano que mecía la cuna de Jack L. Warner, el trinitario que en el papel fungía como su jefe en el área. Cuando estalló el FIFA Gate, este personaje excéntrico por naturaleza y corrupto por sistema, se convirtió –a fuerza de salvar su propio pellejo– en la ‘garganta profunda’ del FBI contra la propia confederación.
Blazer vivía a expensas de la Concacaf y sus miembros. Dicho organismo le pagaba dos departamentos en la mismísima Torre Trump de Nueva York. Uno, para que ahí viviera (con valor de 18 mil dólares de renta mensual) y otro para sus gatos (6 mil dólares mensuales). En este último, tenía un atrio de piso a techo donde vivía en una jaula dorada Max, su inseparable loro, que además tenía su propia pantalla de televisión para no aburrirse en soledad. Todo esto aunado a la renta que la Concacaf pagaba de todo el piso 17, donde se ubicaban sus headquarters.
Escrito por Mary Papenfuss y Teri Thompson, el libro American Huckster (2017) exhibe que Blazer aseguró su propio 10% de comisión en casi todos los contratos de televisión y publicidad que firmaba la Concacaf durante los 21 años en que fungió como secretario general. Su estilo de vida bon vivant era conocido por propios y extraños que lo veían viajar en jets privados, asistir a fiestas de alto nivel y gastar generosamente en cenas y hoteles. Todo financiado con sobornos.
Agentes del FBI y del Servicio de Impuestos Internos lo arrestaron en 2011. Los uniformados lo acorralaron dentro de un lujoso restaurante de Nueva York. Le dijeron que llevaba más de diez años sin pagar impuestos. Para evitar una larga condena en prisión, Chuck accedió a cooperar. Portaba un dispositivo de grabación oculto en un llavero, con audios de conversaciones con altos dirigentes de la FIFA, traicionando a sus “hermanos” de la camarilla.
Las pruebas aportadas por Blazer fueron fundamentales para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las evidencias acumuladas detonaron los arrestos de mayo de 2015 en Zúrich, destruyendo la estructura de poder que había construido Joseph Blatter, quien después confesó ante un juez que aceptó sobornos para votar por Sudáfrica como sede del Mundial de 2010 y por Francia para el de 1998. La corrupción no sólo fue a nivel del Mundial.
Para la realización de la Copa Oro confirmó haber recibido pagos ilegales por los derechos de transmisión televisiva de las ediciones del torneo estrella de la Concacaf entre 1996 y 2003. Tras convertirse en el topo que derribó al imperio del futbol, fue sancionado de por vida por la FIFA en 2015. Dos años después, Chuck Blazer murió.
Havelange, el creador del monstruo
Todo monstruo tiene un padre. En el caso del futbol, su Viktor Frankenstein se llama João Havelange. Brasileño, político, empresario y presidente de la FIFA entre 1974 y 1998. No sólo transformó la organización: la reinventó como una máquina de poder económico global. Fue él quien entendió antes que nadie que el futbol no debía limitarse a recaudar boletos, sino a vender audiencias, territorios, símbolos y lealtades.
Havelange institucionalizó algo que antes ocurría de manera dispersa: el cobro de sobornos ligados a contratos publicitarios y derechos de transmisión televisiva. Bajo su mandato, la FIFA se convirtió en un intermediario privilegiado entre marcas globales y gobiernos nacionales. Por ejemplo, Adidas o Coca-Cola no fueron simples patrocinadores: fueron socios estratégicos en la expansión de un modelo donde el balón funcionaba como pretexto y la pantalla como caja registradora.
Pero el engranaje decisivo lo movió Horst Dassler, el heredero del imperio Adidas fundado por su padre Adolf en 1949. Dassler era un operador político-financiero con olfato geopolítico. Fue él quien orquestó la elección de Havelange como presidente de la FIFA en 1974, derrotando al inglés Stanley Rous, representante del viejo orden europeo. Para ganar esa votación, Dassler y Havelange hicieron lo que mejor sabían hacer: comprar influencia. Apuntaron a las federaciones minoritarias –especialmente africanas– prometiéndoles equipamiento Adidas, recursos económicos y mayor presencia en los torneos a cambio de su voto leal en el consejo de la FIFA. El pago político llegó en el Mundial de España 1982, cuando la FIFA amplió el número de selecciones participantes de 16 a 24, incluyendo la calificación directa de dos selecciones de África. No fue decisión deportiva: fue una inversión.
“La FIFA aprendió muy pronto que el futbol era un vehículo perfecto para transferir poder económico sin regulación democrática”, sostiene con precisión quirúrgica la periodista Mónica Ortiz Uribe.
La televisión: pantalla perfecta
Si hay corrupción, siempre hay alguien dispuesto a pagar. Y si hay alguien dispuesto a pagar, casi siempre hay una cámara de por medio. Las escuchas telefónicas y los documentos judiciales del FIFA Gate revelaron cómo se negociaban –en voz baja y con contratos opacos– los derechos de transmisión de los torneos. Para los fiscales estadounidenses, el rol corruptor no recaía sólo en dirigentes: el sistema necesitaba intermediarios empresariales capaces de mover dinero, pantallas y favores.
En esa trama aparecen tres nombres clave del mercadeo deportivo latinoamericano. The Traffic Group, del brasileño José Hawilla, considerado por muchos como “el dueño del futbol” en su país; Torneos, encabezada por el argentino Alejandro Burzaco; y Full Play Group, de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis. Empresas que no sólo compraban derechos: compraban relaciones.
Esas firmas negociaron durante años las imágenes que millones de latinoamericanos vieron en televisión: Copas América, Libertadores, Mundiales. Según el Departamento de Justicia estadounidense, fueron piezas centrales en un esquema de sobornos superior a 150 millones de dólares, desde los años noventa y sostenido gracias a pagos sistemáticos a dirigentes de federaciones y confederaciones. “Son grandes empresas envueltas en grandes negocios, pero la dimensión real sólo la conocen ellas y quienes hicieron negocios con ellas”, explicó a la prensa británica Pedro Trengrouse, profesor de marketing deportivo de la Fundación Getulio Vargas.
En ese contexto emerge otra trama incómoda: la relación entre la FIFA, los derechos televisivos y Grupo Televisa. Durante décadas, la empresa mexicana fue el principal custodio de la narración futbolera en español. El canal que acompañó a generaciones enteras en cada gol, derrota e ilusión. Pero esa hegemonía también atrajo investigaciones y sospechas. En octubre de 2024, en medio de una indagatoria del Departamento de Justicia sobre pagos y contratos vinculados a transmisiones mundialistas, Emilio Azcárraga Jean solicitó licencia como CEO de la televisora. No fue un gesto menor: fue una señal de que el viejo modelo estaba bajo escrutinio.
José Ramón Fernández lo sintetizó con su estilo frontal: “el futbol no se corrompió sólo en la cancha. Se corrompió en las oficinas, en los contratos y en las transmisiones”. Porque los derechos de transmisión no son un detalle técnico: son el corazón financiero del futbol moderno. Implican acuerdos multimillonarios, redes publicitarias, patrocinios cruzados y negociaciones que superan, en muchos casos, el PIB deportivo de países enteros. Cuando esos contratos se pactan en la opacidad, el futbol deja de ser la razón del negocio. El negocio se convierte en la razón del futbol.
2026: ¿Que siga la corrupción?
El Mundial 2026 se jugará en una sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, marcando la primera vez en la historia que el torneo se extiende a tres países. Un triunfo futbolero, sí; pero también un triunfo estratégico: mercado de tres naciones norteamericanas, audiencias globales, patrocinios inéditos y derechos de transmisión multimillonarios. Sobre todo, con una inversión más barata que en Qatar porque los países norteamericanos ya tienen una infraestructura base y no construirán nuevos estadios. Eso sí, FIFA estima que el torneo le generará ingresos por unos 8 mil 900 millones de dólares por la venta de boletos, derechos de TV y marketing.
Ahora con estadios casi listos, las selecciones buscando su alineación ideal y millones de aficionados planeando viajes de fe a las sedes de este Mundial, la pregunta no puede ser cómo jugarán México, Argentina o Brasil. La pregunta debe ser: quién compró qué, quién negoció qué y bajo qué reglas se administrará este espectáculo.
Investigaciones periodísticas recientes revelaron que se firmaron convenios para el Mundial 2026. Compromisos gubernamentales con alto costo y baja transparencia, incluidas exenciones fiscales en donde nuestro país se comprometió a perdonar los impuestos comerciales a la FIFA y a sus eternos patrocinadores por los beneficios generados durante el evento. Además, el gobierno mexicano deberá financiar la logística, señalización y una “limpieza” alrededor de los estadios, eliminando comercio ambulante, prostitución y publicidad no oficial avalada por la FIFA. Incluso, se firmó una cláusula en la que México renuncia a litigar posibles controversias en tribunales nacionales y sólo podría hacerlo ante instancias internacionales. Los acuerdos tienen cláusulas unilaterales que privilegian a la FIFA.
A pesar de esto, el gobierno mexicano implementó en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 un impuesto del 25% de ISR sobre los ingresos brutos de futbolistas, árbitros y técnicos extranjeros por sus actividades en territorio nacional durante el torneo. Es decir, a la FIFA nada… pero a los creadores de la materia prima del espectáculo, les van a dar el sablazo. Y falta saber cómo se pactó con Canadá y el propio Estados Unidos, la verdadera gran sede del evento que arranca en cuatro meses.
El futbol es el deporte profesional más popular del planeta y la FIFA es su dueña, un organismo que tiene más miembros que la ONU. Según su informe financiero de 2024, proyecta que sus ingresos totales para el ciclo 2023-2026 alcancen los 13 mil millones de dólares. Su modus operandi es opaco. Esta industria deportiva se alimenta del anhelo y el fanatismo, pero sus jugosas ganancias se reparten entre los dueños del balón y sus socios de ocasión.
Pese a todo, la estructura de su edificio sede en Zúrich sigue ahí. Dos pisos visibles. Cinco bajo la tierra. Insisto: no es metáfora, es advertencia. De la FIFA, como siempre, sólo veremos la punta del iceberg.
GSC/ASG