El Instituto Nacional Electoral reveló que Jaime Rodríguez Calderón incurrió en la triangulación de recursos, el uso de empresas fantasma y utilización de servidores públicos para la obtención de la candidatura independiente a la Presidencia.
En sesión pública, el Consejo General aprobó sanciones por 739 mil pesos a Rodríguez Calderón luego de acreditar todo un esquema de irregularidades por 12.8 millones de pesos y en el que incluso se presume el uso de dinero de procedencia ilícita.
Al presentar los tres proyectos de la Unidad de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama lamentó que este tipo de acciones se realizaran dentro del proceso electoral; sin embargo, aseguró que habrá cero tolerancia ante este tipo de actos ilegales.
Al respecto, el consejero presidente aseguró que los hallazgos que hoy se presentaron ante el Consejo General involucran irregularidades fiscales y ante el ocultamiento de dinero se presume el uso de recursos de procedencia ilícita; además de simulación financiera y participación de entes prohibidos tanto de empresas como del gobierno de Nuevo León.
No obstante, sin hacer referencia expresa, rechazó las acusaciones del hoy candidato independiente y aseguró que el instituto no pretende incidir en la política con las resoluciones del día de hoy.
“Este instituto, en materia de fiscalización, no va a contemporizar con los tiempos de las investigaciones, de su conclusión y de su presentación de este Consejo General a partir de razonamientos que no tengan que ver estrictamente con cuestiones procesales, para decirlo en otras palabras, este instituto no pretende hacer política”, sentenció.
Por lo que ante las irregularidades identificadas se determinó dar vista a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita de la PGR.
Asimismo se incluyó a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Nuevo León, así como al Servicio de Administración Tributaría, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Calderón utilizó cuando todavía se encontraba en funciones como gobernador de Nuevo León a 529 funcionarios públicos de 29 dependencias en días y horas hábiles para recabar firmas.
Asimismo se identificó que 15 millones de pesos, el 89 por ciento del recurso que recibió durante la etapa de recolección de apoyo ciudadano, se realizó a través de la triangulación de dinero proveniente de empresas fachada.
En este punto, se identificó que 16 empresas “regalaron” 100 mil pesos a 24 personas, quienes horas después de recibir el dinero, hicieron la aportación al entonces aspirante presidencial.
Además de que se identificó que el propio Rodríguez Calderón, todavía como gobernador en funciones, recibió 1.1 millones de pesos de una empresa, lo que le permitió aportar a su asociación 140 mil pesos.
Finalmente, la Unidad Fiscalización identificó el pago no reportado a mil 35 auxiliares que juntaban firmas, los cuales recibieron el pago a través de tarjetas saldazo que fueron financiadas por tres empresas, un elemento prohibido por la ley.
Ante este panorama el consejero José Roberto Ruiz Saldaña propuso dar vista al Congreso de la Unión para que se le realice un juicio político a Rodríguez Calderón, mientras que el representante de Encuentro Social pidió que se le retire la candidatura.
Sin embargo, ninguna de las dos propuestas alcanzaron un respaldo por parte del Consejo General.
VJCM