El Instituto Nacional Electoral negó al empresario José María Riobóo su solicitud de medidas cautelares en contra del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por calumnia y difamación.
Sin mayor discusión, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que la demanda era improcedente, ya que solicitaba a la autoridad dictar medidas sobre hechos futuros de los cuales no se pueden pronunciar.
Ayer, el representante legal del empresario, Alberto Woolrich Ortiz, presentó una queja en contra del aspirante presidencial por las declaraciones que emitió durante el tercer debate presidencial.
En la demanda detalla que Anaya difamó a los empresarios, al señalar que recibió un trato preferencial por parte de Andrés Manuel López Obrador durante su administración como fefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Ante ello, rechazó que con el pretexto de atacar a un adversario se difame a un ciudadano honesto que ha obtenido contratos públicos por su experiencia y capacidad de cumplimiento como fue en el caso del segundo piso de periférico.
“La ley permite expresarse libremente en contra de un contendiente, pero esto debe hacerse sin dañar reputación credibilidad de mexicanos ajenos a la contienda; no se puede andar difamado a terceros por atacar a otro contendiente”, dijo.