Hay dos grandes enfoques para definir y prevenir la Maltrato Obstétrico. Por un lado, están las posturas de corte básicamente anglosajón, que se refieren al problema como abuso y falta de respeto en la atención del parto. Desde esta perspectiva se le define como aquellas interacciones y condiciones de los servicios de salud reproductiva “que el consenso local considera humillantes o indignos, así como aquellas interacciones o condiciones que son experimentadas como, o que tienen la intención de ser, humillantes o indignas”.
1 Por otro lado, está la postura impulsada, sobre todo, desde América Latina que se refiere al problema directamente en términos de violencia obstétrica.
Desde esta perspectiva hay varias definiciones muy semejantes entre sí, mismas que, en el caso de México, se hayan recogidas en algunas leyes estatales de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Citemos, por razones de brevedad, la contenida en la ley respectiva del estado de Guanajuato: “es todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica” (art. 5°, inciso VIII). Incluso en tres estados de la República (Chiapas, Veracruz y Guerrero), la violencia obstétrica está tipificada como un delito.
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La violencia obstétrica es una forma de violencia contra las mujeres. Por ello, debe entenderse sobre todo bajo un enfoque de género y de derechos humanos. Es también, desde luego, un problema de calidad de la atención en los servicios de salud, pero debe evitarse el riesgo de reducirla a solo un problema de calidad, pues así no se logrará comprender su verdadera naturaleza ni, por tanto, implementar medidas eficaces para erradicarla.
Un estudio reciente publicado por Roberto Castro y Sonia Frías, con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016), mostró que 33% de las mujeres que tuvieron un parto en los cinco años previos al levantamiento de la encuesta, declararon haber sufrido alguna forma de abuso o maltrato durante la atención del parto.
2 La encuesta diferenció entre indicadores que medían formas de abuso y falta de respeto (mismas que sufrieron casi 24% de las mujeres), y formas de atención no autorizada (mismas que reportaron 17% de las mujeres).
Estas últimas incluyen la colocación de un dispositivo intrauterino o la realización de una salpingoclasia sin autorización de las mujeres; la existencia de presiones por parte del personal médico para que la mujer acepte realizarse alguno de estos procedimientos; o la omisión de información suficiente, clara y oportuna para que la mujer pueda tomar la mejor decisión respecto a aceptar un DIU o una cesárea.
El Dato.22
recomendaciones emitió la CNDH por casos de violencia obstétrica registrados en diferentes instituciones de salud, desde 2016 a enero de 2018.
La violencia obstétrica también está relacionada con la manera autoritaria en que muchos médicos son formados tanto en algunas escuelas y facultades de medicina como en los años de especialización (residencias médicas). Por tanto, para erradicar el problema no solo es necesario continuar impulsando políticas de empoderamiento de las mujeres, igualdad de género y ciudadanización de los servicios de salud, sino que también es indispensable cuestionar y transformar el estilo autoritario que caracteriza a muchas de las escuelas donde se forma el personal de salud.
REFERENCIAS:
[1] Freedman, L. P., Ramsey, K., Abuya, T., Bellows, B., Ndwiga, C., Warren, C. E., et al. (2014). Defining disrespect and abuse of women in childbirth: A research, policy and rights agenda. Bulletin of the World Health Organization, 92, 915-917. [2] Castro, R., y Frías, S. (2019). Obstetric Violence in Mexico: Results From a 2016 National Household Survey. Violence against Women, April, 1-18.