Una jueza federal rechazó amparar a la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) por no decretar el no ejercicio de la acción penal en la pesquisa que inició en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este caso no está relacionado con la orden de aprehensión que hay en su contra y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, contra quienes existe una ficha roja emitida por Interpol, donde fueron señalados de probablemente desviar más de 3 mil millones de pesos, motivo por el cual se les busca imputar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, aún no hace pública la versión de la sentencia, sino que solo dio a conocer su resolutivo.
De acuerdo con antecedentes, Inés Gómez solicitó a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda determinar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017.
El asunto tiene que ver con su declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, donde informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) haber obtenido ingresos acumulables por la cantidad de 39 millones 518 mil pesos.
Además, informó que tanto personas morales como una física, le retuvieron, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cantidad de 13 millones 572 mil 444 pesos, razón por la cual, la cantidad que recibió de dichas personas fue de 25 millones 945 mil 726 pesos.
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2018, la quejosa y el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal del SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebraron un acuerdo reparatorio, a través del cual se expuso que el monto de la reparación integral de las contribuciones y accesorios.
Sin embargo, dicho acuerdo no fue aprobado por la FGR, porque argumentó que no se cubría el total de las contribuciones supuestamente omitidas, y después, bajo el alegato de que dicho convenio no se había llevado a cabo con la persona legitimada para tal fin.
La defensa de Inés Gómez Mont mencionó que incluso la FGR llegó a sostener que tal acuerdo reparatorio podría corresponder a un diverso hecho delictivo de naturaleza fiscal (defraudación fiscal) que no excluía la investigación del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
grb