La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ya son buscados en más de 195 países, porque la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para su búsqueda, localización y detención.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que lo anterior fue notificado a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual busca capturar al matrimonio por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal.
En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura.
La indagatoria de la FGR, mencionaron funcionarios federales, derivó por la supuesta utilización de empresas que sirvieron para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado.
Los delitos que se les imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, una vez que sean detenidos tendrán que ser ingresados a distintos penales.
Derivado de este caso, el juez también ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables del desvío de más de 3 mil millones de pesos.
Los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa son los mismos por los cual se busca detener al matrimonio.
Indicaron que los ex servidores públicos supuestamente implicados son Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, y Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico.
Asimismo, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Héctor Oswaldo Zorrilla y Yareli Eunice Delgado.
Señalaron que también se ordenó la aprehensión de Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.
Eduardo Guerrero Durán, es el ex funcionario federal de mayor jerarquía que es buscado, y quien en su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua.
Según los funcionarios, la FGR presume que a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga se desviaron los 3 mil millones de pesos, tras la adquisición de diversos contratos para equipar los diversos penales federales.
PJG