La Consejería Jurídica de la Presidencia advirtió que, de aprobarse el proyecto del ministro Javier Laynez para invalidar la segunda parte del Plan B en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convertirá en una "simple oficina" al servicio de la oposición.
En la víspera de que el pleno de la Corte discuta el tema, acusó al ministro de querer favorecer a las minorías legislativas con su proyecto que, aseguró, no analiza el fondo del tema.
"En caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral", expuso la Consejería.
El lunes pasado se dio a conocer que el ministro Javier Laynez propondrá al pleno de la Suprema Corte invalidar la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral, porque el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, adicionales a las que se analizaron en el caso del primer decreto.
El pleno abordará el decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023.
El comunicado señala que Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional.
Además, propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas "lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano".
"Para favorecer la pretensión de la oposición, el ministro Laynez Potisek convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado", agregó.
La Consejería Jurídica recordó que el 8 de mayo, Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar: que no se pueden juzgar los méritos de los legisladores tengan para tomar una urgente y obvia decisión "no obstante, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna".
Además, recordó que el proyecto señala que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo.
"La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas", explicó al señalar que la falta de atención de los diputados no es suficiente razón para invalidar una ley aprobada.
JLMR