Grupo Televisa promovió un amparo contra las fracciones V y VII del artículo 334 de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, a través del cual se le impusieron medidas provisionales para que no trasmita la serie de El último Rey, el hijo del pueblo, que narra la vida del cantante Vicente Fernández y que estrenó el pasado 14 de marzo.
La demanda de garantías fue turnada al juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, pero la jueza Celina Angélica Quintero Rico aún no la admite a trámite, y previno a la empresa para que un plazo de cinco días aclare su petición.
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La juzgadora señaló que los actos que reclama Grupo Televisa, los oficios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no ameritan en estos momentos la intervención inmediata de la autoridad judicial mediante el otorgamiento de una suspensión de plano.
En primer lugar, porque las medidas provisionales impuestas en su contra, contenidas en los oficios reclamados, no implican un peligro en la integridad física o en la vida de una persona, ni tienen como finalidad causar dolor, deshonra o una alteración física, pues evidentemente las quejosas, como personas morales, no gozan de esos atributos.
Además, la actuación de las responsables solo tiene propósitos cautelares a fin de prevenir un perjuicio con respecto a los derechos de propiedad de la tercera interesada, esto es, de María Refugio Abarca Villaseñor, en su carácter de legataria, heredera universal y albacea de la sucesión de Vicente Fernández.
Tampoco, se advierte la imposición de alguna sanción económica y, por ende, ni siquiera se puede llevar a cabo un análisis respecto a si su monto es excesivo y, por tanto, prohibido constitucionalmente, pues únicamente se le realizó un apercibimiento para el caso de no cumplir con las medidas provisionales impuestas por las autoridades responsables.
“Por lo tanto, no se le ha aplicado alguna sanción económica a la parte quejosa, por lo que la supuesta multa excesiva señalada en la demanda de amparo se trata de un acto futuro de realización incierta, pues su imposición depende de la conducta que desplieguen las quejosas frente a las medidas cautelares impuestas por el referido organismo, cuyo desacato, en su caso, aún no ocurre, por lo que la imposición y monto de la multa correspondiente, por infracción a las normas administrativas cuya aplicación surgió para salvaguardar, a su vez, los derechos de la tercero interesada en el presente asunto, no ha sido determinada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, detalla el acuerdo.
Hace unos días, la familia de El Charro de Huentitán promovió acciones legales para que Televisa no transmita la serie.
Sin embargo, Televisa-Univisión informó que no había recibido notificación judicial que prohíba realizar su transmisión, por lo que ayer comenzó con la transmisión de bioserie.
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