Si bien ya transcurrieron casi 485 días de que se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México (Edomex), aún no se tiene un diagnóstico de los avances de su cumplimiento, pero se trabajó en el Protocolo Alba, en la instalación de la Unidad de Análisis y Contexto, así como en el modelo de Ciudad de Segura, las cuales forman parte de ese trabajo, informó la coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
El Estado de México fue la segunda entidad federativa en la que se declaró la AVG en el país, el 28 de julio de 2015, luego de cinco años de espera y de un proceso jurídico que culminó en la aceptación de un amparo que ordenó la activación de la alerta. La primera solicitud fue el 8 de diciembre de 2010 por el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
A un año y cuatro meses de que se declaró la AVG, el Estado de México tiene avances solamente en tres acciones que la coordinadora ejecutiva del OCNF, María de la Luz Estrada, explicó a Cimacnoticias.
Durante octubre trabajaron sobre el Protocolo Alba para que se implemente de manera concreta a la hora de que reporten desapariciones de mujeres y niñas, sin necesidad de esperar las 72 horas, como se contemplaba en el Protocolo Naranja que elaboró el gobierno del Estado de México.
También instalaron de manera reciente la Unidad de Análisis y Contexto, conformada por un grupo multidisciplinario (expertos en derecho, estadísticas y criminología), que se encargarán de documentar e investigar la violencia de género en el Estado de México, para después capacitar a los agentes del Ministerio Público y las policías municipales.
Y lo siguiente es incorporar en el Modelo de Ciudades Seguras los mapas donde se detectó el mayor riesgo de las mujeres para que se incremente la seguridad.
Estrada dijo que no era fácil medir los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG del gobierno del Estado de México, pero destacó el trabajo conjunto que han tenido con las autoridades mexiquenses.
En entrevista aparte, la abogada de la CMDPDH, Nayomi Aoyama González, quien explicó que ya no participan en el trabajo de campo, pero sí acuden a las reuniones para el seguimiento de la AVG como observadores del proceso, señaló algunos obstáculos para la implementación de la alerta, como la falta de recursos y confusión respecto a las acciones que debe realizar cada nivel de gobierno.
Como ejemplo, mencionó que para la recuperación de espacios y Ciudades Seguras los recursos para mejorar el alumbrado público o limpieza de lotes baldíos fue un motivo de discusión entre los gobiernos municipal y estatal, al no tener asignado un presupuesto específico.
Los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, criticó, no han comprendido que la AVG es un mecanismo de emergencia y no una política pública a la que se le tenga que asignar un recurso para poder ser implementada, sino que tienen que asignar los recursos ya existentes.
La AVG se decretó para 11 municipios mexiquenses, entre los que se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.Se acordó que ahí se realizarán acciones urgentes enfocadas en la prevención de la violencia, la seguridad y la justicia, y se permitiría a las organizaciones civiles formar parte del Comité de Seguimiento a la Implementación de la alerta.
Un informe elaborado por activistas, el gobierno del Edomex y familiares de las víctimas reveló que entre 2005 y 2010, en más de la mitad de los casos de homicidios contra mujeres (51 por ciento) no se formuló imputación alguna.
Mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidio ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi 40 por ciento se encuentra en la misma situación de impunidad.
De 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres desaparecidas, de las cuales informó que 2 mil 727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 —en su mayoría de entre 16 y 18 años de edad— permanecen como desaparecidas.
A lo que se suma que en 57.67 por ciento de los casos la víctima no conocía al agresor o bien el gobierno del Estado de México desconocía la identidad del victimario.
Dentro del informe oficial se incluyen nueve recomendaciones generales para el Edomex, las cuales deberá implementar Gobernación en acciones concretas en los 11 municipios.
Entre éstas destacan procurar justicia a todos los casos de asesinatos de mujeres y violencia que siguen impunes, e instar a las autoridades ministeriales a evitar los procesos de mediación entre víctimas de violencia familiar y sus agresores.
La segunda consiste en implementar mecanismos de rendición de cuentas para evaluar, supervisar y revisar el desempeño y productividad del personal judicial que investiga delitos de género.
La tercera recomendación señala que se deben implementar y renovar los mecanismos de localización de personas desaparecidas, especialmente en el municipio de Ecatepec, donde se ha registrado un alza en este delito; y en cuarto lugar se deben iniciar capacitaciones adecuadas al personal que atiende, investiga o sanciona la violencia contra las mujeres.
Pese a la vigencia de la AVG en la entidad, según informes de la PGJEM, en 2015 se registraron 33 casos de feminicidio, mientras que de enero a mayo de 2016 ya se reportaron 29.
En tanto, de acuerdo con estadísticas ofrecidas por las Agencias del Ministerio Público, cada 30 días se registraron, en promedio, nueve casos de feminicidio en la entidad mexiquense durante los primeros cinco meses de 2016.
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