Los derechos y garantías de la comunidad LGBTQ+ se deben respetar al igual que los de cualquier otro mexicano, es en lo que coincidieron especialistas en Derecho que acudieron a la mesa de discusión y análisis ‘Cambios’, donde además se habló de lo apresurado de las conclusiones por parte de las autoridades en el caso del magistrade Ociel Baena.
Conducido por Marcela Moreno y Ángel Carrillo, como invitados estuvieron Johan Martínez, presidente del colectivo Mente Libre, así como los abogados Enrique Montañez y Jesús Jasso, quienes presentaron un panorama legal y social sobre lo acontecido en Aguascalientes, lo que ha dejado dudas y especulaciones.
“En mi experiencia creo que se apresuraron en dar información que todavía no tenía un sustento totalmente objetivo. Las autoridades, a través de los tratados y la Constitución, deben velar por los derechos, no sólo de este grupo, sino de todos, todo bajo los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación”, opinó en su oportunidad Jasso Fraire.
“El personaje que estaba representando, su figura política y trascendencia, todo se está basando en los informes que emite la Fiscalía de Aguascalientes sobre los hechos. En muchas cuestiones lo están dando como un homicidio, pero como abogados somos muy cuidadosos en los dictámenes y declaraciones”, complementó el abogado Montañez.
Al respecto, el activista Johan Martínez aseguró que aunque quieran creer en los dictámenes de las autoridades, hay otros casos en los que se ha dado “carpetazo” al asunto y se olvida con el tiempo sin investigar a fondo.
“El día de los hechos se dieron declaraciones muy apresuradas, lo que reveló que el procedimiento que se manejó en este caso fue muy apresurado porque lo hicieron cuando los cuerpos todavía estaban en el suelo, cuando las investigaciones aún estaban en proceso. Creemos que hay algo detrás porque el magistrade incomodó al sector político y electoral”, comentó.
Sobre cuál autoridad es la indicada para dar un dictamen creíble, el abogado Jasso dijo que eso le corresponde a las fiscalías de los estados, sin embargo, aclaró que la Constitución ofrece recursos a las víctimas que no estén de acuerdo.
“Pueden recurrir al Poder Judicial a controvertir la investigación, hasta llegar a instancias de una Corte Interamericana. Si hay una inconformidad en el resultado de la investigación de la fiscalía, hay que recurrir a medios legales. Vivimos en un país de instituciones, y si siguen sin creer están las autoridades internacionales”.
Asimismo, Johan Martínez afirmó que aunque siguen en su lucha contracorriente por igualdad de derechos y que hay avances considerables en cuanto a leyes, persiste la sed de justicia de la mano del miedo a que sigan los casos como lo ocurrido a Ociel Baena.
“Este caso no sólo despertó en nosotros la sed de justicia, sino también temor, porque estamos conscientes que nos puede pasar a cualquiera, quien alce la voz en pro de los derechos de la comunidad LGBT podamos tener ese fin, no queremos que nuestro crimen u homicidio se catalogue como crimen pasional”.
EGO