Con el liderazgo del gobernador Salomón Jara Cruz, la Primavera Oaxaqueña implementó en la localidad de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes; un modelo reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como un ejemplo para atender el desplazamiento forzado interno a nivel mundial.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal puntualizó que, por primera vez en la historia de Oaxaca, este fenómeno se está atendiendo con una política integral, única a nivel nacional, que demuestra que el suyo es un gobierno del pueblo y para el pueblo.
“Con esta acción avanzamos en la reparación histórica de nuestros pueblos y cumplimos con el objetivo de construir paz con justicia desde abajo, en el territorio y siempre de la mano de nuestros pueblos”, expresó.
En este sentido, el oficial principal de Protección de la ACNUR, Daniel MacGuire destacó cuatro elementos claves de buenas prácticas llevados a cabo por el Gobierno de Oaxaca:
- La atención y respuesta directa a quienes tienen necesidades específicas, como personas mayores y con discapacidad.
- El libre movimiento, ya que es un proceso de va y viene que no se termina en un solo día.
- La coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
- El compromiso a largo plazo, toda vez que la administración estatal dará continuidad para garantizar la seguridad en la comunidad y el acceso a los servicios básicos.
“Estos cuatro elementos se pueden repetir no solo a nivel nacional sino también internacional. Este hecho no pasa muchas veces y menos en cumplimiento directo con la comunidad y principios rectores”, dijo.
Este es el primer proceso de retorno de familias en México: planeado, ordenado, participativo, basado en los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con el acompañamiento de la ACNUR.
No existe otro precedente en el país con estas características.
Estas acciones se suman a la reciente aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca; que convierte a la entidad en la quinta del país en contar con una legislación en la materia, pero la primera en elaborarla a través de un proceso de consulta.
MAYE