Jueces, agentes del Ministerio Público, trabajadores del Instituto Registral y Catastral, notarios públicos y hasta especialistas médicos se ven involucrados en el caso de despojo a la señora Flora Garza Barragán de sus bienes y propiedades por parte de sus propios hijos.
MILENIO Monterrey publicó que la heredera de una importante fortuna, amasada por sus padres Roberto N. Garza y Flora Barragán de Garza, está siendo presionada por sus hijos para arrebatarle sus bienes y propiedades, mediante argucias legales que buscan declararla incompetente para manejar sus recursos económicos.
Pero para esto, sus hijos se han valido de autoridades estatales mediante, acusó Garza Barragán, el pago de millones de pesos, para convencerlos de tomar acciones legales contra la señora de 74 años.
De acuerdo a la información proporcionada por la propia afectada y allegados a ella, fue el juez Séptimo de lo familiar del Primer Distrito Judicial en el estado, Ángel Alejandro Salinas Gaytán, quien ordenó el reingreso de la señora a Nuevo León tras su huida a la Ciudad de México para evitar tener contacto con sus hijos, tras acciones violentas contra amigos de ella.
Fue él quien además decretó la prohibición a Alejandra Ibarra Garza (hija del segundo matrimonio de Garza Barragán, con quien reside actualmente en la capital del país), de acercarse a 500 metros de la señora. Posteriormente, ordenó que se realizara una valoración física de Garza Barragán con el fin de "determinar su estado físico".
Esto después de que los seis hijos del primer matrimonio de la señora, quienes buscan, a decir de ella misma, quedarse con su patrimonio, asegurarán que Ibarra Garza la había secuestrado.
Se contabiliza en esta red al Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Enrique Muñoz Flores, quien ordenó ante el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Séptimo Distrito Registral en el Instituto Registral y Catastral del Estado que se dejara sin efecto la anotación marginal en los inmuebles propiedad de Garza Barragán que había sido ordenada con anterioridad para evitar transmitir, modificar, gravar o extinguir su dominio sobre estos.
La información proporcionada por la afectada, da a conocer que el notario público número 55 con ejercicio en Monterrey, Jorge Maldonado Montemayor, fue quien protocolizó una donación de predios de Garza Barragán a pesar de que previo a esto se había autorizado la donación de estos terrenos (ubicados en la zona del Rancho, en la Carretera Nacional) a Alejandra Ibarra Garza.
Otro notario involucrado en esta situación, fue el notario público número 109 con ejercicio en Monterrey, Enrique Maldonado Corpus. Este notario, según los hijos de la afectada, sostuvo un encuentro con Garza Barragán mientras ella se encontraba en la Ciudad de México.
En esta reunión, supuestamente se otorgó un poder para actos de dominio en relación con los bienes inmuebles y acciones de empresas que se encontraban a nombre de ella. Sin embargo, Garza Barragán sostiene que ella no se reunió con él.
Situación similar se habría presentado con el médico psiquiatra Anselmo Alejandro López Alemán, quien sin haber examinado a Garza Barragán determinó que la mujer no se encuentra en condiciones de tomar decisiones trascendentales. Aunque el especialista se enfoca en tratar a infantes y adolescentes.
Desde entonces, el doctor retiró su consultorio en San Pedro Garza García y no se ha podido mantener contacto con él.