La Comisión de la Verdad de Oaxaca concluyó su investigación y falló contra el ex gobernador Ulises Ruiz, a quien acusó de cometer delitos de lesa humanidad, como lo fueron desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias con tortura ocurridos durante la revuelta social de 2006.
Además, resolvió exigir la inhabilitación de 45 funcionarios públicos, entre ellos el actual fiscal general de Justicia de Oaxaca, Joaquín Carrillo, a quien señalan por obstaculizar el debido proceso contra los indiciados.
La comisión acusa al senador y ex precandidato al gobierno de Oaxaca por el PRI Eviel Pérez Magaña de desmantelar las radios que estaban en poder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Además, lo señalan de crear y operar ilegalmente una radio ciudadana con recursos públicos que sirvió para contrarrestar la información y trasmisiones de los opositores al régimen de Ulises Ruiz.
El presidente del organismo, Alejandro Solalinde, acusó que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, es cómplice de permitir la impunidad en favor de su antecesor Ulises Ruiz y de varios funcionarios señalados de participar en actos criminales y que incluso fueron incorporados a su equipo de trabajo.
Dijo que en la resolución se pide que se instruyan procesos penales y administrativos contra 45 ex servidores públicos y acciones de mitigación y no repetición de los agravios cometidos.
Anunció que el 19 de abril próximo el contenido del informe se entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dé seguimiento a las investigaciones y piden que el organismo llame al ex gobernador Ulises Ruiz y a los funcionarios involucrados y señalados en delitos de lesa humanidad para que rindan cuentas.
Entre las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca se encuentra una Fiscalía General del Estado y otra dirigida a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social para que retomen las investigaciones contra el ex gobernador Ulises Ruiz, el ex secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas, la ex procuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza, el ex director de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública.
En el informe entregado por el organismo se precisa también de un fraude cometido por los dirigentes de la sección 22 de la CNTE con los recursos que recibió de parte del gobierno federal para indemnizar a las víctimas y viudas por los 29 asesinatos reportados contra activistas sociales y profesores.
Otras de las acciones van dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), para revisar el estado de las denuncias penales contra las administraciones federales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en actos de omisión y desaparición de pruebas.