Un juez federal admitió una solicitud de amparo que la Coparmex en Baja California promovió contra la llamada ley Bonila, para que el Congreso del Estado informe por qué no turna el expediente al Poder Ejecutivo para su publicación a fin de que sea impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El asesor de los empresarios, Guillermo Rivera, explicó en conferencia de prensa que el recurso legal es por la omisión del Congreso de no querer remitir al gobernador del gstado el paquete de la reforma al octavo artículo transitorio de la Constitución local, que amplia de 2 a 5 años el periodo de la próxima gubernatura.
Ese trámite se requiere para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, misma que será impugnada por el gobierno del estado y otros actores políticos, pero mientras no se realice, no pueden proceder.
Por eso se interpuso el amparo el pasado 30 de agosto en un Juzgado de Distrito y “ya fue admitido hace un par de días el amparo y estamos en espera de los informes que tiene por parte del Congreso del Estado”, indicó el abogado.El objetivo es que el Poder Legislativo “señale legalmente cuál es la situación de estos documentos, si se extraviaron o se los robaron o cual es el estatus”.
Mencionó que es el sexto recurso legal que interponen por la modificación que realizó la XXII Legislatura y por la Consulta Ciudadana promovida por los nuevos integrantes del Congreso local.
“Exhortamos, de nueva cuenta, al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado a cumplir con su obligación de enviar, sin mayor dilación, la reforma mencionada al Poder Ejecutivo del Estado para permitir la urgente resolución jurídica a la que tienen derecho los bajacalifornianos.
No hacerlo, o dejarlo en manos de una consulta financiada por particulares sin validez legal, representa un agravio al sistema democrático mexicano y a los ciudadanos de Baja California”, expresó Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de Centro Empresarial de Mexicali.
El pasado 27 de agosto, promovieron un juicio de protección de derechos políticos por aprobarse en la XXIII Legislatura la Consulta Ciudadana, se dio ante el Tribunal Estatal Electoral, pero se declaró incompetente y lo remitió a la Sala Superior.
Por eso, al día siguiente, presentaron un juicio político de derechos políticos ante Sala Superior, inscrito en el expediente 1204/2019, el cual también se admitió, indicó.
RLO