Las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, en Nanchital, Veracruz, a principios de junio, destaparon al alcalde de Ixhuatlán, Raúl González Martínez, como uno de los presuntos responsables.
El presidente municipal le habría indicado a un grupo criminal que privara de la libertad a Guzmán, según un testimonio recogido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Este hecho no es aislado, pues se han documentado otros casos de agresiones, censura, amenazas, hostigamiento y ataques directos en contra de periodistas por parte de funcionarios. En MILENIO te presentamos algunos de los más relevantes.
Omar Cruz Reyes
En enero de 2015, fue asesinado el periodista Moisés Sánchez Cordero en Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz. Un mes después, en febrero, su hijo exigió al entonces presidente municipal, Omar Cruz Reyes, renunciar a su cargo para que fuera investigado.
Sánchez Cerezo fue privado de su libertad cuando elementos de la Policía Municipal ingresaron a su domicilio y se lo llevaron. Su cuerpo fue encontrado 20 días después en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.
Clemente Noé Rodríguez Martínez, expolicía municipal, confesó que con otras cinco personas irrumpieron en la casa del periodista, con el objetivo de silenciar al comunicador porque incomodaba al alcalde, ya que publicaba notas periodísticas sobre la violencia en la demarcación.
Hugo Amed Schultz
En marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada a disparos en la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con la organización Artículo 19, la corresponsal de La Jornada salió de su casa en la colonia Infonavit Nacional a bordo de una camioneta y fue interceptada por un hombre armado, quien, tras perpetrar el ataque, huyó con otros individuos. Miroslava fue hallada con múltiples impactos de bala calibre .9mm en la cabeza.
En 2020, el exedil de Chínipas, Hugo Amed Schultz, fue vinculado a proceso por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista; en 2025 fue sentenciado a ocho años de prisión.
A Hugo Amed se le imputó por auxiliar al autor intelectual y autores materiales del crimen, buscando y entregando información al grupo Los Salazar, el cual ordenó y ejecutó el crimen.
Raúl González Martínez
El caso más reciente es el del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de quien se solicitó su desafuero tras ser señalado de presuntamente ordenar el homicidio de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz.
El emecista habría pedido al líder del Grupo Sombra privar de la libertad y, posteriormente, asesinar a la dueña del portal digital Pulso Informativo, quien supuestamente tenía una foto en su poder del alcalde armado.
Autoridades no investigan para no destapar vínculos con el crimen : Jesús Lemus
En entrevista para MILENIO, el periodista J. Jesús Lemus señaló que la participación del crimen organizado y su relación con los gobiernos municipales respecto a los asesinatos de periodistas es una constante que se registra desde el 2000.
"Casi desde hace 26 años se viene marcando constantemente la presencia del crimen organizado, actuando por órdenes de los alcaldes municipales.
"Yo puedo asegurar, por investigaciones que he hecho al respecto, es que en promedio, de cada 10 periodistas que son asesinados en promedio en un año, en siete tiene que ver el gobierno municipal o el estatal. Son muy pocas las ocasiones en las que los periodistas son asesinados en función de una relación directa con el narcotráfico", manifestó.
Lemus manifestó que cuando los alcaldes municipales son objeto de críticas periodísticas durante sus administraciones, suelen sentirse agredidos y solicitan el respaldo del crimen organizado.
"(Los alcaldes) piden la participación de la célula, aquella con la que trabaja el municipio, y la célula es la que por lo general termina ejecutando a un periodista que, ante los ojos de todos, pues lo mató el narco, pero hay que ver de dónde provino la instrucción", añadió.
Sobre las respectivas investigaciones que deben realizarse al respecto, el periodista declaró que las fiscalías estatales no investigan a fondo para no exhibir al partido político o las relaciones del servidor público en turno.
"Siempre se culpa nada más a los ejecutores del crimen organizado o del narco (...) Nunca en las carpetas de investigación que yo he visto se establecen los motivos; se establece cómo, cuándo, él, quién, él, dónde todo, pero nunca se establece el porqué".
Para combatir este desafío de impunidad, Lemus declaró que es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) cuente con una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión autónoma que trabaje de forma independiente y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas trabaje para garantizar medidas efectivas.
"La investigación de un asesinato se la dejan siempre a los deudos del periodista, a los hijos, a la esposa, a veces a los amigos; los están ayudando con el ministerio, pero nunca vemos un mecanismo de protección de periodistas haciendo fuerte la investigación y exigiendo transparencia y claridad. Casi siempre esa labor la hacen organizaciones como Artículo 19 o Reporteros sin Fronteras (...), pero necesitamos un mecanismo de protección más participativo", expresó.
ksh