La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), tiene el registro de dos casos de familias que solicitaron la declaración de ausencia y hubo amparos de parte de las empresas que se niegan a cubrir prestaciones así como el sueldo de sus desaparecidos.
"Cuando le llega la notificación a la empresa que tiene que pagar se ampara contra el Congreso, el Gobernador y el Periódico Oficial del Estado. Ahí quedamos atorados", dijo María Elena Salazar, quien desde hace ocho años tiene a su hijo, Hugo Marcelino González, desaparecido y que trabajaba en una agencia de recursos humanos.
Recordó que desde que fue promulgada la ley comenzó con el procedimiento jurídico que le tomó alrededor de un año y medio para que fuera emitida la declaración de ausencia.[OBJECT]
"Empezamos el trámite en el 2014, pero todo el 2015 y el 2016 fue de ir a notificar a las empresas. Nosotros tenemos apenas los tres abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que nos atienden a los de Torreón y todo Coahuila".
Mencionó que dentro del grupo de FUUNDEC hay el caso de otra madre, cuyo hijo desapareció hace casi siete años y procedió con buscar la declaratoria, pero la empresa lechera donde laboraba también interpuso un amparo.
Luis Efrén Ríos, coordinador de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, reconoció que los amparos representan un obstáculo para el cumplimiento de la ley aprobada en mayo del 2014 y de momento el área a su cargo asesora a alrededor de 100 familias que buscan la declaración de ausencia.
"Uno de los problemas está en función de los amparos que algunas empresas han promovido ante la ley y se considera que no hay una competencia con la normativa federal".
En su momento cuando fue promovida la ley los grupos empresariales de diversas partes del Estado manifestaron su rechazo a la normativa, pues argumentaron que la responsabilidad en el tema de desaparición le corresponde a las gobierno al no garantizar seguridad.
Por su lado, otras organizaciones enfocadas a la búsqueda de personas desaparecidas como el Grupo de Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (VIDA), han señalado que a casi de dos años de que fue promovida la normativa no tuvo los efectos esperados.
dcr