En 2022, recta final del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca Tamaulipas fue el estado número 11 en el presupuesto asignado a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), sin embargo, esa administración, así como la mayoría que se encontraban en funciones, no cumplieron diversas disposiciones de las reglas de operación del programa, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les demandó mayores controles en el manejo de recursos.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización de Cuenta Pública del FASP, se expone que la Secretaría de Hacienda transfirió ese año recursos por 7 mil 980.1 millones de pesos para todos los estados de la República, correspondiendo a Tamaulipas $237.9 millones. El monto más alto fue para Estado de México, con 549.6 millones, y el más bajo para Tlaxcala con $169.5 millones.
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Entre lo más representativo, en un análisis general, se detectaron “recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por 62.5 millones de pesos; bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por $30.6 millones, falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por $28.3 millones”.
De igual manera, aparecieron en los hallazgos, bienes que no cumplen con las especificaciones del contrato, obra pagada no ejecutada o de mala calidad, penas convencionales no aplicadas, entre otros, por 16.3 millones de pesos.
El órgano fiscalizador revisó una muestra nacional de 5 mil 476.2 millones de pesos, emitiendo 255 observaciones en total, de las cuales 206 se solventaron en el transcurso de la auditoría y 49 quedaron pendientes; estas últimas dieron origen a 50 acciones, que se integran por 10 recomendaciones, una solicitud de aclaración, 22 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 17 pliegos de observaciones.
Se determinó un monto por aclarar inicial de 654 millones de pesos, de los cuales, a raíz de la intervención de la ASF, se explicaron 506.6 millones y se reintegraron 9.7 millones a la Tesorería de la Federación. “La diferencia por 137.7 millones, que representa el 1.7% del universo seleccionado y el 2.5% de la muestra auditada, está pendiente de aclarar y se concentran en 11 entidades federativas”.
La Auditoría federal, señaló que faltó a los estados “supervisión del ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del fondo, del control en el registro de los movimientos financieros y falló la coordinación y comunicación entre las diferentes áreas”.
Apuntó además, la falta de controles en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria del gasto, carencia de sistematización del registro y control de la información, deficiente planificación estratégica y operativa y en ejecución de contratos de adquisiciones de bienes y servicios.
Presupuesto decrece
La ASF destaca que a nivel nacional, del 2018 al 2022, los recursos del FASP reportados como ejercidos en las cuentas de la hacienda pública federal, aumentaron de 6 mil 813.9 a 7 mil 867.4 millones de pesos, por lo que calculó la tasa de crecimiento anual en un -1.1% en términos reales, es decir, considerando la inflación.
“Se observó que, en términos reales y, a excepción de 2020, en cada año se ejercieron menos recursos que el anterior”.
Se indica que el objetivo principal del FASP es contribuir a la formación de recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública, su equipamiento, la operación de la red de telecomunicaciones e informática, así como para la construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura; seguimiento y evaluación de los programas en la materia