La pobreza y marginación no generan altos índices de violencia como lo provocan las adicciones, pues el aumento de consumo de drogas principalmente de las sintéticas como el cristal y metanfetaminas, son las principales causas para que en Durango se tenga un alto índice de violencia familiar, y lo más grave es el nacimiento de bebés con síndrome de abstinencia.
Así lo reconoció la directora del sistema estatal DIF, Rocío Manzano, quien señaló que desde su experiencia estos casos cada vez son más frecuentes en los hogares duranguenses, y reconoció que la mayoría de los embarazos y niños de casa hogar recién nacidos o de meses, que tienen algún problema de salud, es el resultado de una madre toxicómana.
“Este problema que cada vez es más frecuente en Durango es el nacimiento de bebés con síndrome de abstinencia, porque casi todos los niños que tenemos en resguardo presentan síntomas y permanecerán en resguardo, hasta que la madre tome un tratamiento y se someta a una desintoxicación”, dijo.
Agregó que será el juez familiar quien tome la decisión de regresar o no al menor al lado de estas mujeres que sufren de adicciones, una vez que demuestren que han superado cualquier vicio a través de la desintoxicación de su cuerpo.
Rocío Manzano explicó que generalmente se le pide a la madre cuando no hay otra opción, de que algún familiar se haga responsable del bebé, para que se someta a un programa de desintoxicación y que pueda tener derecho a ver o tener a su bebé.
Reconoció que las drogas más frecuentes en estos casos son el alcohol, la marihuana y el cristal, siendo ésta última droga sintética la de mayor presencia.
La directora del DIF Estatal explicó que los niños que llegan a casa hogar y presentan algún síntoma de abstinencia, de forma inmediata se les brinda atención y tratamiento, así como estimulación temprana para que traten de superar la desventaja con la que hayan nacido y la puedan superar lo más pronto posible.
Finalmente señaló que de estos casos actualmente se tienen dos bebés con problemas neurológicos y hasta que no reciban tratamiento y sean evaluados para ver si su problema puede ser superado, al mismo tiempo en que legalmente se lucha por la patria potestad del menor, podrían con la autorización del juez estar en condiciones para ser adoptados.