A lo largo de los primeros meses de este año, la cantidad de migrantes detenidos en Estados Unidos provenientes de México y países centroamericanos aumentaron al doble ante el refuerzo de las políticas contra el ingreso ilegal de las personas y el deseo de alcanzar mejores condiciones de vida.
De acuerdo con el reporte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal, a lo largo de los primeros tres meses de este año, se registraron 77 mil 626 detenciones de migrantes, cifra que representa un aumento de 90 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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De la misma forma, en el primer trimestre de este año, se contabilizaron 11 mil 271 detenciones de menores, cifra que se traduce en un incremento de 72 por ciento en comparación con el año 2021.
Derzu Daniel Ramírez Ortiz, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), destacó que el fenómeno migratorio es complejo y se presenta por una combinación de factores como los problemas que se viven en México y en Centroamérica.
“El problema de la migración es complejo, genera problemáticas sociales, se traduce en abusos y en violación de los derechos humanos del inmigrante. El problema no solo es de los países expulsores, los receptores tienen una gran responsabilidad de gestionar adecuadamente esos flujos y generar políticas para la integración de los mismos inmigrantes”, destacó el investigador.
Ramírez Ortiz comentó que la administración de Estados Unidos está lejos de brindar una solución a la migración y, en lugar, de atender el problema de raíz, ocupa el tema con fines políticos y electorales.
“Hay un uso político de la migración y el uso electoral que hacen muchos políticos en los Estados Unidos. La migración indocumentada permite a muchos políticos o funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, adjudicar al flujo migrante problemas públicos como falta de empleo, inseguridad o falta de servicios. En general, se elude la responsabilidad que las autoridades deben asumir con sus sociedades”, explicó Ramírez Ortiz.
AFM