Marcos Zabala, asesor jurídico de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, informó que la ausencia del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en la audiencia que él mismo solicitó para pedir la suspensión condicional del proceso que lleva en su contra por su presunta responsabilidad en los hechos, es un fraude procesal, así como un agravio directo a las personas afectadas.
En entrevista para MILENIO, el abogado explicó que el proceso penal está fragmentado en seis procesos penales federales, donde hay 11 imputados, nueve de ellos por homicidio y lesiones, mientras que Garduño y otro funcionario, solo fueron vinculados a proceso por el ejercicio ilícito del servicio público.
“Hay una justicia selectiva en este proceso penal”, afirmó.
Señaló que el juez Fernando Calderón, compartió que el exfuncionario intentó comparecer por medios digitales, petición que fue rechazada. A petición de las víctimas, se determinó que en adelante deberá acudir de manera personal y no podrá faltar bajo pena de medidas de apremio.
“Su ausencia en la audiencia es una falta de respeto a las víctimas, a las sociedades de cada uno de los países en los cuales pertenecían las víctimas: Honduras, El Salvador, Guatemala o Venezuela. Es una falta de respeto inclusive al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y una total omisión de su parte de enfrentar el proceso”, señaló.
El abogado denunció que las víctimas han sido invisibilizadas. “A tres años del incendio, el proceso apenas está en audiencia. Una de las víctimas sobrevivientes que representamos de Guatemala, se le garantizó el derecho a contar con un intérprete”, afirmó.
Añadió que otra de las víctimas revocó la asesoría pública de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por falta de respaldo.
Sobre la reparación del daño, indicó que las familias solicitan compensación económica, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición.
Detalló que las víctimas eran cabezas de familia, personas que sostenían los núcleos familiares, los cuales, ahora, tendrían que recibir atención médica, psicológica, tanatológica.
Recordó que las víctimas rechazaron la disculpa pública ofrecida en septiembre de 2025 por parte del excomisionado.
Zabala advirtió que, de no avanzar el proceso en México, acudirán a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Todos son extranjeros de diferentes nacionalidades a los que no se les ha garantizado ni siquiera un intérprete”, señaló.
Hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación: “Solicitamos al Poder Judicial que se respeten los derechos de las víctimas y que no sigan revictimizando a las personas afectadas como hasta ahora ha ocurrido”.
“Esta falta de respeto, falta de ética, de esta persona de acudir a una audiencia que él mismo solicitó, sin importarle las víctimas… No se puede volver a repetir”, aseveró.