Investigan participación de personas contratadas en agresión en planta de Cruz Azul

El procurador de Hidalgo afirmó que la mayoría de las personas llegaron a la planta provenientes de diferentes municipios del Estado de México.

Personal de seguridad resguardó la cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo. | Francisco Villeda
y Francisco Villeda
Hidalgo /

Autoridades del estado de Hidalgo y de la Cooperativa Cruz Azul investigan la participación de personas ajenas a la compañía y sus empresas proveedoras en el enfrentamiento ocurrido la madrugada del miércoles 27 de abril que dejó un saldo de ocho personas fallecidas.

El procurador de Hidalgo, Alejandro Habib, indicó que de los 10 detenidos por el enfrentamiento en la planta de Cruz Azul hay dos lesionados, una mujer y la mayoría de las personas provienen de municipios del Estado de México, por lo que se investiga quién los envió “para tomar el control de la planta por la fuerza”.

Los detenidos tras el enfrentamiento del 27 de abril en la planta cementera Cruz Azul son originarios de las localidades mexiquenses de Tlapacoya, Nezahualcóyotl, Tecámac, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, y uno de Iztapalapa, Ciudad de México, de acuerdo con fuentes seguridad consultadas, mientras que cinco de los lesionados son originarios del Estado de México y otros cinco de la zona de Tula.

Tras los hechos violentos, las corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona y como parte de éste, realizaron la detención de al menos diez personas, aunque no se informó en que sitio fueron arrestados.

Entre las personas aprehendidas por la policía municipal se encuentran 

  • Mitzy “N”, de 23 años, de Tlapacoya; 
  • Cristian “N”, de 26 años, de Nezahualcóyotl; 
  • Oscar “N”, 50 años, Tecámac; 
  • Ismael “N”, de 30 años, de Valle de Chalco; 
  • Martín “N”, de 54 años, de Los Reyes La Paz; 
  • Mario “N”, de 31 años, de Chimalhuacán y; 
  • César “N”, de 27 años, de Iztapalapa.

Mientras que de tres personas más que fueron aprehendidas, Ian “N”, Daniel “N” y Gustavo “N”, no se dieron mayores datos; todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se defina su situación jurídica por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos de delito.

Sobre las personas lesionadas, pertenecientes al grupo que llegó a bordo de los microbuses de la Ciudad de México, se informó que se encuentra D.A.R., de 20 años, de Valle de Chalco, e I.T.C., de 26 años, de San Juan de Aragón, Ciudad de México, así como Ismael “N”, César “N” y Martín “N”, aunque estas últimas tres personas se encontraban hospitalizadas en calidad de detenidas.

En tanto que, de los trabajadores de la planta, se reportaron al menos cinco personas lesionadas, entre ellas B.B., con fractura en cadera; O.H. con lesión en la espalda por objeto explosivo; A.G., con lesión por impacto de bala en la pierna derecha; y C.H., con lesión por impacto de bala en la muñeca izquierda; y M.C., con lesión por impacto de bala en el abdomen, quien murió mientras recibía atención.

“No son trabajadores”: jurídico de la cooperativa

Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de Cooperativa Cruz Azul, quien representa al grupo encabezado por los socios José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la cementera, a quienes no reconocen los trabajadores que mantienen el control de la planta en Hidalgo, reveló que de las ocho personas fallecidas y de los detenidos, ninguno pertenece a la cooperativa o a alguna empresa que tenga relación con Cruz Azul.

En entrevista con MILENIO Televisión, Anzures Ortiz reiteró que hay una retención ilegal de la planta que ha servido para la comisión de distintos delitos.

“Estas personas que se han robado el cemento de la planta de Hidalgo, porque los ingresos que se obtienen por ese cemento no caen en las cuentas de la cooperativo, sino que estas personas a los distribuidores que les venden el cemento les dan cuentas de diversas factureras y son las que recaudan el dinero del cemento robado y lo distribuyen entre ellos.


“¿Cómo lo sabemos? porque hemos iniciado los procesos correspondientes a estos ex socios que tienen retenida la planta, ya se les aseguró judicialmente sus cuentas, también a cinco o seis factureras y a varias de las personas que les compraban cemento robado, justamente por tener relación con estas empresas que le causan un detrimento el fisco federal, al país y a las arcas de la cooperativa”, denunció.

JLMR

  • Eduardo González

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