En la víspera del 10 de mayo, las madres y padres de los 43 reprocharon que las investigaciones relacionadas con la desaparición de sus hijos esté "en un profundo atolladero", pues en la actual administración federal no se ha registrado un solo avance.
La madrugada del 9 de mayo, las y los integrantes del colectivo "Nos Faltan 43" colocaron un posicionamiento a través de sus plataformas digitales, además de organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan.
En el posicionamiento se señala que las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 "están en un enorme atolladero y en la impunidad".
Se explica ahí que en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hubo algunos avances impulsados por las madres y padres; sin embargo, al topar con el ejército mexicano, todo quedó estancado.
Se asegura que con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se podría decir que hasta hay un retroceso, no solo porque sigue protegiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino porque no tiene una hipótesis del paradero de los normalistas.
La COVAJ no representó avance
Recuerdan que el 26 de enero de 2026, el Tribunal Colegiado de Apelaciones de Reynosa, Tamaulipas, requirió a la Fiscalía General de la República (FGR), a un agente del ministerio público que no haya formado parte de las investigaciones del caso, dos padres de los 43 y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que en junio de 2018 el Tribunal ordenó.
Se señala que en América Latina y México fue novedosa dicha sentencia, porque la investigación no sólo se limita al ministerio público, sino que implicó la participación de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiene que velar por los intereses de las familias.
Así se rompió con el paradigma jurídico de que las investigaciones solo las realiza el Ministerio Público.
El abogado de las madres y padres, Isidoro Vicario, recordó que cuando las autoridades federales se enteraron de la sentencia, argumentaron que el juez se había extralimitado porque en la Constitución mexicana, los únicos facultados para llevar a cabo investigaciones son los ministerios públicos. Por eso, más de 30 instituciones gubernamentales impugnaron la sentencia, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Sedena.
La administración de Andrés Manuel López Obrador no aceptó la sentencia única. En cambio, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), dirigida por Alejandro Encinas, y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encomendada entonces a Omar Gómez Trejo.
La hipótesis a la que arribaron fue que los estudiantes habían sido detenidos, asesinados de forma y llevados hacia diferentes lugares.
Sólo en la Barranca de la Carnicería, municipio de Cocula, fueron encontrados restos óseos; de ellos, dos fueron identificados como pertenecientes a dos de los 43 normalistas.
Las madres y padres no estuvieron de acuerdo en que dichos elementos fueran definitivos, porque una persona puede vivir sin un dedo.
La sentencia del Tribunal Colegiado quedó estancada; el abogado de las madres y padres señala que las impugnaciones también quedaron sin seguir su curso.
En el 2023, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” interpuso un amparo ante lo que había pasado en el 2018 por la impugnación de las autoridades y se resolvió en el 2024.
En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que tenía que regresar a Tamaulipas porque aún no se ha cumplido la resolución con la creación de la Comisión de Investigación, con el entendido de que si las autoridades no cumplen, podrán ser sancionadas y destituidos.
Por eso, a inicios del 2026, el Tribunal Colegiado requirió la conformación de la Comisión de Investigación, pero solo las madres y padres nombraron a don Emiliano Navarrete y a don Mario César González.
“La Fiscalía informó que existe imposibilidad para designar a un representante, mientras que la CNDH en un comunidado señala que no van a torcer la ley y formar parte de una farsa".
Hay 25 impugnaciones de instituciones que habían impugnado en el 2018, en las que están la Secretaría de Salud, Fiscalía, CNDH, la Marina, el ejército, la Secretaría de Relaciones Exteriores”, asegura el abogado Isidoro Vicario.
Se tiene que acatar
Las madres y padres consideran que las autoridades federales deben acatar la sentencia de un juzgado.
Además, no funciona la Covaj, no hay respuestas del paradero de los 43 estudiantes y no hay reuniones periódicas, como sostienen, se había comprometido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Lo más grave, de acuerdo con el texto, es que se sigue protegiendo al ejército mexicano.
"Durante 11 años han ocultado la verdad. La exigencia de las madres y padres de que la Sedena entregue los 800 folios faltantes ha quedado en el paredón verde olivo", indican.
Ante la postura reacia de la Sedena, en 2023, las familias interpusieron un amparo y el 19 de febrero de ese año, un juez Quinto de Distrito le dio la razón a las madres y padres de los 43, ordenando a la Sedena entregar los archivos militares al GIEI y a la Covaj.
El juez consideró que es necesario para esclarecer la verdad, no sólo para los padres, sino para la sociedad mexicana en general.
Luego plantean el reclamo: "Con la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha hecho nada. Había el compromiso de que se iba a conformar un equipo de expertos de la Secretaría de Seguridad Pública para ayudar a la Fiscalía, enfocado en la línea de investigación de la telefonía celular; solo se han realizado dos o tres diligencias, pero no hay nada".
Continúa: "La línea de investigación de los 17 jóvenes que fueron detenidos y llevados a barandilla municipal de Iguala permanece sin más. La misma versión del gobierno señala que hay 12 posibles destinos a donde pudieron haberlos llevado, pero en las búsquedas que se han realizado no se ha enncontrado nada:.
Anotan que la línea del ejército con los 800 folios también está pendiente, a pesar de la sentencia reciente donde le ordenan que entregue los archivos que tiene en su poder.
Entre lo más delicado, está el hecho de que en reiteradas ocasiones han dicho que ya entregaron todo y la presidenta los respalda, "lo que demuestra que no quiere tocar al ejército".
No avanzan las extradiciones
Respecto a las peticiones de extraditar a personas que están en el extranjero, pero con estrecha vinculación en el caso, se reprocha también que están empantanadas.
"Las madres y padres han exigido agilizar las extradiciones de Ulises Bernabé, que está relacionado con los 17 jóvenes de barandillas, y la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien está relacionado con la verdad histórica".
El abogado apunta: “En la última reunión que se tuvo con la presidenta, el 27 de noviembre, los padres plantearon el regreso del GIEI y la presidenta dijo que sí. Instruyó a Arturo Medina que se comunique con la CIDH o los integrantes del GIEI, pero a cinco meses no se avizora en el horizonte una sola gota de esperanza”.
Para este sábado 9 de mayo se tiene programado el desarrollo de la Asamblea Nacional Popular (ANP) en la normal de Ayotzinapa.
Se anota que las madres y padres van a realizar una serie de protestas en el marco del mundial, "porque las investigaciones están estancadas, sin asidero, sin tener una respuesta concreta respecto a la interrogante de ¿dónde están los 43 estudiantes?
AH