Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa Proman, denunció que un grupo de manifestantes bloqueó el sábado el acceso principal e ingresó a las instalaciones de la planta de fertilizantes que se construye en Topolobampo, situación que obligó a suspender las actividades y cerrar temporalmente el complejo.
A través de un posicionamiento público, la compañía señaló que las personas permanecían dentro de una propiedad privada, situación que —afirmó— contraviene la legislación mexicana, por lo que hizo un llamado a que cualquier manifestación se realice dentro del marco legal y con respeto a las garantías de los trabajadores.
La empresa indicó que decidió detener operaciones durante la jornada para evitar confrontaciones y proteger la integridad de su personal.
“Por seguridad de nuestro personal y para evitar confrontaciones, el sitio permanecerá cerrado el día de hoy”, señaló la compañía en el comunicado.
El incidente ocurre en medio de una nueva escalada de protestas de grupos ambientalistas, pescadores y habitantes de comunidades cercanas a la bahía de Ohuira, quienes durante los últimos días han realizado manifestaciones tanto en Topolobampo como en la ciudad de Culiacán para expresar su rechazo al proyecto industrial.
Los inconformes sostienen que la operación de la planta podría representar riesgos para el ecosistema de la bahía de Ohuira, una zona reconocida por su riqueza pesquera y ambiental. Además, han colocado en el centro del debate la situación del delfín conocido como “Pechocho”, convertido en símbolo de la defensa de la bahía y de la oposición a diversos proyectos industriales en la región.
En su posicionamiento, GPO rechazó los señalamientos sobre presuntos riesgos ambientales y aseguró que en los últimos días se ha difundido información imprecisa con el propósito de generar temor entre la población.
La empresa reiteró que cuenta con todas las autorizaciones requeridas por las autoridades competentes y sostuvo que cumple con la normativa socioambiental nacional e internacional aplicable al proyecto.
Asimismo, destacó que Proman cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la industria petroquímica y aseguró que mantiene estándares de seguridad y responsabilidad ambiental en sus operaciones alrededor del mundo.
El conflicto en torno a la planta de fertilizantes suma más de una década de controversias, litigios, suspensiones judiciales, consultas indígenas y resoluciones de distintas autoridades federales.
Mientras organizaciones ambientalistas continúan exigiendo la revisión del proyecto y alertan sobre posibles afectaciones a la bahía de Ohuira, la empresa insiste en que la obra cumple con todos los requisitos legales y ambientales, por lo que reiteró su disposición al diálogo y al respeto mutuo como mecanismo para resolver las diferencias.
LG