La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Liobardo Alarcón de la Cruz, ex elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, quien era buscado desde hace casi dos años por presuntamente estar involucrado en diversos delitos derivados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Fuentes ministeriales señalaron que la captura se realizó el pasado 15 de mayo e indicaron que el mandamiento judicial que los agentes aprehensores cumplimentaron forma parte de las 83 órdenes que giró en su momento Enrique Beltrán Santés, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, entre las cuales, destacan también las de 20 militares.
La FGR solicitó las órdenes por los probables delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
En marzo de 2023, la FGR también detuvo a nueve policías del estado de Guerrero por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Las órdenes de captura fueron ejecutadas por elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la ciudad guerrerense de Chilpancingo.
Los detenidos fueron Sandra Gerardo Gallardo, Doña Petra; Juan Durán Mosso, El Cachetes; Ramiro Alvarado Sánchez, El Minsa; Lorenzo Bello Hernández, El Pérez; Noel Baltazar Gómez; Pablo Jiménez Morales y Alberto Chávez Álvarez, quienes laboraban para la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De igual manera, en el municipio de Iguala se aprehendió a los policías municipales Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga.
Es de mencionar que, el 19 de agosto de 2022, la FGR solicitó 83 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y policías estatales y municipales, contra ex alcaldes, e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, éste último responsable del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De las 83 órdenes de captura, 20 correspondían contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala. Sin embargo, días más tarde la FGR, se desistió de 16 órdenes de captura contra militares.
También ordenó aprehender a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
La Representación Social de la Federación señaló que todos ellos están vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores.
Posteriormente, la FGR notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre las 20 órdenes de aprehensión contra mandos y tropa de los mencionados batallones para que procediera a localizar a su personal y presentarlo.
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