A unos días de la publicación de fotografías en redes sociales, en las que aparece el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, a bordo de un vehículo de lujo, el legislador presentó esta semana una iniciativa en el Congreso del Estado de Coahuila, para incorporar al código penal, la violencia digital, la violencia mediática y el "sicariato digital".
El diputado por el PT, aseguró que es necesario regular la información que se difunde en medios de comunicación y en redes sociales, por lo que busca agregar estos tipos penales a la ley estatal.
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Antonio Flores Guerra, afirmó que este tipo de violencia digital, se magnifica cuando es realizada en contra de personajes públicos que se dedican a actividades artísticas, políticas o culturales, por lo que afirmó que el gobierno debe evitar que se causen estragos en la vida de las personas.
“La presente iniciativa tiene por objeto mostrar el riesgo que implica el uso descontrolado de los medios digitales, por parte de empresas o personas que abusan de los espacios para denostar o violentar a otras mediante la información falsa, distribución e intervención de audios, videos, datos o imágenes, ya sean públicos o privados sin el consentimiento de las víctimas, dando paso a la aparición de los sicarios digitales, mismos que se mueven en el anonimato del internet, y se les paga por atacar en redes sociales”.
El diputado local, afirmó ante el pleno en el Congreso del Estado, que la iniciativa viene luego de ser víctima de una agresión de este tipo por parte de un comunicador, lo que indicó es respuesta al papel que ha desempeñado como oposición en el palacio legislativo.
“En estos últimos días, he sido víctima de esta estrategia, un claro intento de desacreditar mi trabajo. Pero, ¿saben qué? No estoy molesto, al contrario, me siento orgulloso de ver que mi labor incomoda a la oposición. Cuando tus acciones incomodan a quienes buscan perpetuar el engaño y la desinformación, es una señal de que vamos por el camino correcto”.
Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, aseguró que ante el acceso que ahora se tiene al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, es necesario que se establezcan regulaciones y se tipifique este tipo de violencia.
“Consisten en la publicación de información difamatoria, la propagación de rumores, la creación de perfiles falsos, entre otras conductas, el sicariato digital de manera específica puede definirse como la coordinación de ataques virtuales con los que se pretende dañar la reputación, invadir la privacidad y seguridad de una víctima en particular, generalmente a cambio de una paga”.
Cumplió un sueño
El legislador indicó que desde hace años mantiene negocios exitosos en la industria minera y en la actividad ganadera, los cuales recientemente le permitieron cumplir el sueño de comprar el vehículo de lujo de la marca Lamborghini, en el que fue captado en el municipio de Sabinas.
“Somos los que generamos más empleo en la región carbonífera, en cinco manantiales, en Piedras, antes de político fui empresario, eso que le quede claro a la gente, y no se me hace justo que traten de denostar mi carrera empresarial, es un sueño que tenemos como cualquiera de ustedes que han tenido un sueño de tener su casa, de tener su carro, y es un sueño que cumplí desde hace muchos años lo tenía y le doy gracias a Dios”.
Sheinbaum opina
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum, fue cuestionada acerca de los contratos que el legislador Antonio Flores mantiene con la Comisión Federal de Electricidad, ante lo cual respondió que este tipo de acciones pueden ser consideradas como un conflicto de interés, por lo que recomendó que ante este tipo de situaciones, la persona se separe de su actividad empresarial.
“Mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno, esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque no, se puede tomar como un conflicto de interés, pueden ser empresarios o empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora, deba tener contratos con gobierno”.
A través de redes sociales, el legislador local reiteró que su patrimonio ha sido obtenido a través de sus actividades empresariales, y negó participar en alguna empresa que tenga contratos con el sector público.