Varios miles de adultos, menores y familias completas de migrantes avanzaron el día de Navidad a pie por las carreteras del sur de México con la aspiración de que las autoridades mexicanas les permitieran llegar hasta la frontera con Estados Unidos.
El grupo, de unas seis mil personas de diferentes nacionalidades, pero la mayoría centroamericanos, venezolanos o cubanos, partió ayer de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en la que constituye la mayor caravana formada este año.
Tiene lugar en vísperas de que una delegación de alto nivel de Estados Unidos llegue a México para acordar con el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevas medidas para controlar el creciente flujo de migrantes por la región.
La hondureña Mariela Amaya, que viajaba con su hijo de siete años, lamentó que los gobiernos de los países vecinos pretendan endurecer las políticas en lugar de ayudarlos a tener una mejor vida. “No comprenden que uno tiene necesidad de salir adelante".
"¿Por qué no nos pueden ayudar, dar la mano? Necesitamos apoyo de ellos”, expresó mientras caminaba bajo un sofocante calor casi tirando del niño.
La policía local y la Guardia Nacional seguían el contingente sin intervenir. En un punto, una familia de la zona se apostó sobre la carretera para regalar tamales y agua.
La formación de estos grupos ha sido constante en los últimos años ante la lentitud de los procesos de regulación migratoria en Tapachula, Chiapas, y a la falta de recursos, opciones de vida digna y de trabajo para que los extranjeros puedan costearse la espera de documentos en esa ciudad.
Antes, las fuerzas de seguridad intentaban bloquearles el paso, pero desde finales de 2021, las autoridades optaron por dejar que los migrantes se cansaran de caminar e intentaban disolver los grupos ofreciéndoles documentación temporal que, en muchos casos, los extranjeros utilizan para seguir el viaje al norte por su cuenta.
“Todo lo que gira en torno a la migración es tema electoral tanto para Estados Unidos como para México”, denunció el lunes el activista Luis García Villagrán, que acompañaba al grupo e intentaba presionar a las autoridades para que les facilitara documentos. “Sí hay presupuesto”, aseguró. “Nosotros estamos pidiendo que se nos atienda y se acabó el problema”.
La región vive un flujo de migrantes sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para migrar legalmente a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.
Pero aunque se instalaron puntos para procesar solicitudes de asilo en Sudamérica o Centroamérica, muchos migrantes dicen desconocer estos procedimientos y por eso se lanzan a la ruta migratoria.
La venezolana Jessica García es una de ellas. García dijo que cuando estaba en Venezuela intentó abrir la aplicación puesta en marcha por las autoridades estadunidenses, la llamada CBPOne, para registrarse como solicitante de asilo pero no pudo. Desconocía que solo se puede ingresar a ese programa desde el centro o el norte de México. Tampoco había oído hablar de lugares donde hacer la gestión.
“Esta travesía ha sido bien fuerte para nosotros los migrantes", dijo la joven que viajaba con seis integrantes de su familia, triste por tener que pasar la Nochebuena y la Navidad caminando. “Necesitamos ayuda de migración y del gobierno, que se pongan la mano en el corazón y nos den un salvoconducto”, agregó.
Más de medio millón de migrantes, muchos de ellos venezolanos, cruzaron este año la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. México detectó más de 680 mil extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, todo según cifras oficiales. Además, un número récord de casi 137 mil personas pidieron refugio en este país.
La situación se agravó en diciembre en la frontera entre México y Estados Unidos cuando las autoridades estadunidenses registraron algunos días hasta 10 mil cruces ilegales diarias, una cifra totalmente inusual lo que provocó que las autoridades de ese país cerraran unos días un par de cruces ferroviarios para reubicar a sus efectivos de control fronterizo y que México se resintiera por los costes económicos de los cierres.
Tras una conversación entre el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, el jefe de la Casa Blanca decidió enviar a México al secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, para pactar nuevas medidas migratorias con el mandatario mexicano.
Según López Obrador, la visita está prevista el miércoles.
A principios de diciembre, el Instituto Nacional de Migración ordenó la cancelación temporal de diversas operaciones de traslado y retorno de migrantes por falta de presupuesto y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado suspendió la atención en sus oficinas hasta enero por el periodo vacacional lo que alentó a muchos migrantes unirse a la caravana.
López Obrador reconoció que los estadunidenses quieren que México haga más para bloquear a los migrantes al sur, en la frontera con Guatemala, y para dificultar su paso a través del país pero dijo que no se trata sólo de contención sino también de incrementar la cooperación al desarrollo y de resolver “problemas de índole político” en países como Cuba o Venezuela que alientan la migración.
ROA