En un hecho sin precedentes el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, decidió vetar la Ley de Egresos e Ingresos, aprobados por el Congreso del estado.
El mandatario estatal, a través de un comunicado de prensa informó …”es mi decisión vetar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que pretende imponer el Congreso estatal en contra de los intereses de las y los sudcalifornianos; el paquete económico aprobado para el 2020, continuará vigente en el 2021
Dijo, esta decisión, sin antecedente en el estado, implica que las leyes aprobadas para este año, el 2020, continuarán vigentes. Nuestra Constitución estatal, en su artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y tercero señala que cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del estado, se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín del Gobierno del estado de Baja California Sur.
Asimismo, señaló “vetaremos también las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal”.
“El veto responde a una convicción: las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral; no lo vamos a permitir. Vamos a enfrentar a la tentación con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la ley”, indica el comunicado.
Señaló “la pretensión de los diputados implica disminuir a la administración pública estatal aproximadamente 400 millones de pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación en nuestra entidad".
“El legislativo ha olvidado que debe responder a los reclamos sociales y no a los mandatos partidistas. Llama la atención que la reducción presupuestal no alcance de manera alguna al presupuesto del propio Poder Legislativo. Reza el refrán, “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”, se lee en el comunicado.
Precisó, “el congreso ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación; en un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y, con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al reducir en 60 por ciento el capítulo 3 mil del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Un ejemplo lo constituye el pago del seguro catastrófico que ante la cancelación del Fonden se convierte en la única previsión que se tiene ante la llegada de algún fenómeno metereológico que nos impacte y cause daños.
Se afecta de igual manera el pago de servicio de energía eléctrica, de agua potable, servicio telefónico e internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.
Aunado a estas afectaciones, se pretende asignar un 2 por ciento adicional a las participaciones que se asignaron a los municipios en el presupuesto de 2020, sin considerar que Baja California Sur es actualmente la entidad que mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios a nivel nacional
Informó que el gobierno del estado requiere de recursos suficientes para brindar los servicios que por ley está obligado a prestar a la gente, “…no permitiremos que esta arbitraria decisión del legislativo afecte la vida y la salud de las y los sudcalifornianos, con lo cual se podría generar una crisis humanitaria; no vamos a permitir que se destruya nuestra tranquilidad. Por eso el veto…”, concluye el comunicado de prensa.
ledz