El ex titular de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se investigaba el grupo criminal Guerreros Unidos "desde meses antes de lo ocurrido en Iguala”.
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Sostuvo que las investigaciones se realizaban “en estrecha colaboración” con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como nombres y posibles domicilios de algunos integrantes del cártel entre ellos autoridades municipales, operadores o líderes, sus números telefónicos, hallazgo de fosas clandestinas y de un narcolaboratorio.
Además, señaló que hubo coordinación con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con la Policía Federal y con el Ejército.
Blanco Cabrera aseveró que la noche del 26 y las primeras horas del 27 septiembre de 2014, actuó con inmediatez en la atención del asunto.
“A mi llegada a la ciudad de Iguala, instruí al personal policial ministerial que se diera a la tarea de buscar y resguardar en las instalaciones de la Fiscalía Regional a estudiantes dispersos, que huían o se escondían de sus agresores, habiendo logrado rescatar a poco más de 60, tal como consta en el respectivo reporte de incidencias”, relató.
Asimismo, señaló que entre las acciones que se implementaron al conocer de la agresión contra los normalistas destaca el intercambio de información con instancias o funcionarios públicos federales y estatales, como el delegado del CISEN, el delegado de la Procuraduría General de la República, el encargado de la Coordinación de la Policía Federal y mandos de la Novena Región Militar.
Recordó que la representación social estatal intervino tras conocer sobre lo ocurrido en Iguala, alrededor de las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014.
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“Se me hizo saber por vía telefónica que se había suscitado un enfrentamiento en la referida ciudad, en la que al parecer, estaban involucrados estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La institución ministerial no era parte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), por lo que no se contó con información en tiempo real”, apuntó.
A pesar del desfase en la información, destacó las tareas de rescate y resguardo de más de 60 estudiantes que huían o estaban escondidos.
También subrayó las acciones que llevaron a identificar a 22 agentes de la corporación en calidad de probables responsables de los hechos, entre los cuales sobresale el trabajo pericial (pruebas de Harrison y Lunge) que permitió concluir que los oficiales accionaron sus armas contra los normalistas y que existían correspondencias entre algunos de los elementos balísticos encontrados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de los policías.
Asimismo, apuntó que como resultado de los trabajos de la Fiscalía General, servidores públicos del ayuntamiento de Iguala señalaron a Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, de ordenar el ataque.
Recordó que la PGJE solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de cateo para ingresar a distintos domicilios, entre ellos el del ex presidente municipal José Luis Abarca, y obtener indicios, huellas o instrumentos de delito que permitieran robustecer las líneas de investigación con que contaba.
Agregó que se detuvo a Luis Alberto José Gaspar, El Tongo; Honorio Antúnez Osorio, El Patachín; Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes aportaron datos relevantes por cuanto hace a la mecánica de los hechos acontecidos en Iguala.
Detalló que la PGJE amplió el ejercicio de la acción penal contra 11 personas,que generó la consignación de 33 personas, destacando entre ellas el ex presidente municipal José Luis Abarca y el ex secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.
Destacó que hasta ahora no existen señalamientos certeros o contundentes en el sentido de que personal de la PGJE haya prestado algún tipo de auxilio a los grupos criminales implicados en los hechos.
El ex procurador destacó que fue hasta el 28 de septiembre que se interpuso una denuncia por desaparición de personas, en agravio de 57 estudiantes de Ayotzinapa, pero que se ajustó a 43 hasta el 30 de septimebr.
Blanco Cabrera recordó que rindió declaración ministerial ante la PGR en el momento en que fue requerido y que compareció en tres ocasiones ante las Comisiones Legislativas creadas a nivel estatal y federal para el seguimiento del caso Iguala, a pesar de que en la última de las mismas ya no era servidor público y no existía imperativo legal para ello.
Además, destacó que la PGJE en colaboración con la Policía Federal detuvo a casi 100 integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos a varios de sus líderes o cabezas visibles y que se dio a conocer información oficial sobre el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional región centro, celebrada a principios de septiembre de 2014, en la Ciudad de México.
RLO