Luego de que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Comarca Lagunera manifestara su preocupación por presuntas extorsiones por transportar combustible utilizado para las obras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna expresó su respaldo al gremio de la construcción.
Ante lo cual exigen a las autoridades y legisladores criterios claros para brindar certeza jurídica al sector construcción, frente a vacíos legales que se prestan a posibles extorsiones por parte de la autoridad federal competente, en este caso de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia señalada por algunos constructores.
“El sector construcción no comercializa combustibles. El traslado que realizan las empresas tiene como único propósito abastecer maquinaria en proyectos ubicados en zonas donde no existen estaciones de servicio cercanas o donde la operación técnica lo exige. Se trata de una práctica operativa, no comercial”, se indicó en un comunicado de prensa.
El posicionamiento señala que tales lagunas legales generan incertidumbre para empresas formales que cumplen con la ley, generan empleo y contribuyen al desarrollo regional, ante lo cual solicitan, en primera instancia, clarificar los criterios regulatorios aplicables al transporte de combustibles destinados al autoconsumo en obra.
Además, se pide que sea establecido un esquema de permisos accesible, ágil y viable para pequeñas y medianas empresas, así como garantizar que cualquier revisión o procedimiento se realice con apego estricto a la legalidad y sin espacio para abusos.
“La construcción es uno de los motores económicos de nuestra región. Detona inversión pública y privada, genera miles de empleos directos e indirectos y contribuye de manera sustantiva a la competitividad de La Laguna. El sector empresarial no respalda prácticas irregulares. Pero tampoco puede aceptar que empresas formales se vean vulneradas por ambigüedades normativas o criterios arbitrarios”.
El CCE, encabezado por José Piña Álvarez, se dice en la mejor disposición al diálogo institucional para construir, junto con las autoridades, una solución técnica y jurídica que garantice seguridad energética, orden regulatorio y viabilidad operativa para las empresas.
“La certeza jurídica es condición indispensable para el desarrollo. Sin reglas claras, no hay inversión. Y sin inversión, no hay crecimiento”, se enfatizó.
Cabe recordar que el presidente de la CMIC en La Laguna, Alejandro Jiménez, denunció en rueda de prensa que el último de los casos se trató de un intento de extorsión por un monto de un millón de pesos, el cual, tras ser denunciado, se evitó que se concretara; sin embargo, aceptó que hay casos en los que sí se cobraron, como ocurrió con uno de 300 mil pesos.
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