La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos en el penal de El Castillo, en Mazatlán, donde dos enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre dejaron 12 personas muertas, entre ellas un menor de un año de edad, y 16 internos lesionados.
El organismo dictó medidas precautorias y cautelares dirigidas a garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad y exigió a las autoridades penitenciarias restablecer las condiciones de seguridad, operatividad y gobernabilidad del centro.
Afectaciones a las presos y a los visitantes
En un pronunciamiento, la comisión condenó los hechos y advirtió que la violencia registrada dentro de las instalaciones afectó los derechos de la población penitenciaria, así como de las personas que acudieron de visita.
Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de apenas un año de edad, quien estaba acompañado de un familiar durante el enfrentamiento del jueves 8 de octubre, de acuerdo con la información difundida por la CEDH.
La comisión señaló que las autoridades tienen la obligación de garantizar la integridad de quienes permanecen bajo custodia del estado, así como de los visitantes y trabajadores del establecimiento penitenciario.
CEDH busca el bienestar del penal después de los enfrentamientos
Por ello, demandó la aplicación urgente de medidas que permitan recuperar el control y garantizar el funcionamiento del penal, después de que se registraran enfrentamientos mortales durante dos días consecutivos.
También exigió establecer mecanismos efectivos de comunicación con los familiares de los internos, para informar sobre las condiciones de seguridad y la situación que prevalece dentro del centro penitenciario.
La CEDH informó que mantiene comunicación y brinda acompañamiento a familiares de las víctimas, además de sostener coordinación con autoridades estatales durante el desarrollo de sus investigaciones.
Asimismo, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa a realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Aunque confirmó la emisión de medidas cautelares, el organismo no detalló su contenido específico, las autoridades a las que fueron dirigidas ni los plazos establecidos para su cumplimiento.
Nueve internos reciben alta médica; mantienen restringidas las visitas
Por separado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que nueve de los 16 internos que resultaron lesionados durante el enfrentamiento del jueves fueron dados de alta médica, luego de presentar una evolución favorable en su estado de salud.
La dependencia confirmó que otros reclusos permanecen hospitalizados.
También dio a conocer que las visitas al penal permanecen restringidas debido a las revisiones que se realizan en el interior de las instalaciones.
Ante esta situación, pidió a los familiares abstenerse temporalmente de acudir al centro penitenciario, mientras continúan las labores de inspección y seguridad.
Aumentan seguridad para presos y personal del penal
Elementos del Grupo Interinstitucional permanecen desplegados dentro del establecimiento para mantener el orden y garantizar la seguridad de la población penitenciaria y del personal.
La autoridad no estableció una fecha para reanudar las visitas ni informó cuánto tiempo se prolongarán las restricciones.
Los hechos violentos comenzaron la mañana del jueves 8 de octubre, cuando un enfrentamiento entre internos dejó diez personas fallecidas, entre ellas el menor que se encontraba de visita.
El viernes 9 se registró una segunda riña dentro de uno de los módulos, en la que murieron otras dos personas privadas de la libertad.
En total, los enfrentamientos dejaron 12 víctimas mortales: 11 internos y un menor de edad.
Seguirán las investigaciones de la fiscalía por ambos enfrentamientos
La FGE de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambas riñas, mientras las autoridades penitenciarias continúan con las revisiones internas y las restricciones de acceso.
Hasta ahora no se han establecido públicamente las causas que originaron los enfrentamientos ni se ha informado cómo se vulneraron los controles de seguridad que debían impedir la violencia dentro del establecimiento.
EJR