Tras un conflicto post-electoral en Chiapas, 47 personas siguen retenidas en el municipio de Altamirano; de ellas, 37 son indígenas tojolabales de la zona y 10 son choferes de transporte de carga que cruzaban la carretera Altamirano-Comitán. Todos ellos se encuentran en el Ejido Candelaria, ubicado a 40 kilómetros de la cabecera municipal de Altamirano.
Esta situación inició en octubre de 2021, cuando un grupo de pobladores del Ejido Altamirano retuvieron a Roberto Pinto Kanter, ex esposo de Gabriela Roque Tiapacamú, quién asumiría el cargo de alcaldesa en sustitución de su ex esposo que culminaba su encomienda en 2021. Por ello, los pobladores del ejido lo secuestraron, para impedir que tomara el cargo.
El 28 de octubre fue liberado, pero con la condición de que su esposa Gabriela Roque renunciara al cargo y en su lugar nombraron nuevo concejo municipal, cosa a lo que ella accedió.
Casi de inmediato, el Congreso del Estado de Chiapas nombró un nuevo concejo municipal con una mujer como presidenta de este concejo, pero también en esta fórmula se encuentra un ex candidato a la alcaldía que perdió en elección, Gabriel Montoya Oseguera.
Por esta situación, los inconformes a este concejo municipal se agruparon en lo que hoy se hace llamar "Comisión por la Lucha de la Justicia y Democracia de Altamirano", un grupo que busca la destitución del grupo de gobierno actual, porque afirmaron que éste ha sido impuesto y sólo le beneficia a un ex candidato.
Estas personas indicaron que los habitantes de estos ejidos de la zona de la cañada tojolabal de Altamirano retuvieron a poco más de 50 personas que habrían llegado a la comunidad de Puerto Rico y que estarían provocando problemas en la comunidad. Luego retuvieron a 10 transportistas de carga como una medida de presión a las autoridades.
Con estas personas retenidas, afirmaron que buscan un acercamiento con el gobierno estatal y federal para que desaparezca este Concejo municipal.
Los retenidos están divididos en dos: un grupo de 37 campesinos indígenas que se encuentran alojados en la casa ejidal de la comunidad La Candelaria y otro grupo de 10 choferes de transporte de carga que se encuentran en una aula de la escuela de la comunidad.
Los comunitarios dispusieron de una cocina para alimentarlos tres veces al día, afirmaron. Los retenidos son custodiados de forma permanente por un grupo de seguridad comunal que los vigilan 24 horas. Para sus necesidades personales tienen que estar acompañados de alguien de este consejo.
"Lo qué le pedimos al gobierno del estado que por favor se haga la mesa de negociación, nosotros no tenemos nada que ver.. queremos regresar a nuestros hogares y a nuestros trabajos", expreso Lennin Mejía, uno de los choferes retenidos.
Los retenidos afirman de que están siendo atendidos por los habitantes de esta comunidad y que afortunadamente no les han hecho ningún daño, y que también han tenido comunicación con sus familias y les han informado que se encuentran bien de salud, pero que ya quieren regresar a sus hogares lo más pronto posible.
"Estamos bien, todo sin problemas, nos dan oportunidad hablar con nuestras familias así como con los patrones, pero ya queremos regresar", dijo Berlain Morales, otro chofer retenido.
En tanto, los camiones de carga que fueron decomisados se encuentran en una calle de la comunidad donde son vigilados por los lugareños. Estos camiones se encuentran intactos.
Los comunitarios aseguraron que están dispuestos a tener la mesa de negociación para que se resuelva este conflicto y con ello liberar a las personas retenidas. La única condición es que se destituya al actual Concejo municipal y se cree uno nuevo, con ellos incluidos.
"Aún seguimos confiando en el gobierno del Estado que va a resolver esta problemática respetando nuestras leyes y respetando nuestras constituciones" afirmó Edgar López, un integrante de esta comisión.
Hasta el momento no sé informado sí continuarán realizándose alguna mesa de negociación entre estas dos partes para llegar a la liberación de estas personas.
DMZ