Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite siete controversias constitucionales que interpusieron igual número de municipios del estado de Chihuahua, los cuales se oponen a la entrega de agua a Estados Unidos, pero rechazó otorgarles una suspensión para que se deje de cumplir con el tratado firmado por México en 1944.
La Comisión Nacional del Agua planteó en diciembre de 2019 que Chihuahua debía entregar agua a Tamaulipas para enfrentar la sequía, y propuso extraer mil millones de metros cúbicos de la Presa La Boquilla y otros 100 millones de metros cúbicos de la presa Luis L. León (El Granero), para cubrir 37 por ciento de riego en Tamaulipas, pero también para asegurar el cumplimento de distribución de aguas internacionales entre México y EU.
El tratado establece que México tiene que entregar del Río Bravo 2 mil 130 millones de metros cúbicos en periodos de cinco años, es decir casi 432 millones de metros cúbicos por año, y a cambio el país recibe cada año mil 850 millones de metros cúbicos del Río Colorado.
El asunto provocó enfrentamientos en febrero de este año cuando más de 500 agricultores de los municipios chihuahuenses de San Francisco de Conchos y Camargo irrumpieron en la presa.
Tras los incidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se respetaría el Tratado de Aguas Internacionales y se cumpliría con la cuota de agua que debe de entregarse a Estados Unidos para evitar un conflicto.
Sin embargo, en marzo, la Conagua decidió regresar el flujo del agua de la presa La Boquilla a su nivel normal ante la disputa con los agricultores.
Las controversias constitucionales fueron interpuestas por los municipios de Cusihuiriachi, Chinipas, Aquiles Serdán, Maguarichi, Ocampo, Riva Palacio y San Francisco de Conchos; los primero cuatro solicitaron la suspensión de actos, pero la medida cautelar fue negada.
Los quejosos impugnaron la omisión del Congreso de la Unión por no cumplir con el decreto que señala que la propiedad del agua es originaria de la Nación.
También reclamaron que el Presidente no ha ejercido las facultades que le confiere el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales en materia de recursos hídricos sobre aguas nacionales ubicadas en la Cuenca del Río Bravo.
Manifestaron su desacuerdo por las órdenes para disponer del agua almacenada en la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, sin contar con un plan hídrico de la Cuenca Hidrológica en el que se haya dado la participación debida y obligada a los municipios que se ven afectados.
Y la inminente orden de desalojo del agua contenida en la presa la Boquilla para disponerse al pago del Tratado de Aguas de 1944.
kvd