La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide que se adopten medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y de riesgo.
Las personas a las que se solicita se den las medidas de protección han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona, documento la CIDH.
En junio de 2022 los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en el interior de la iglesia, ello había desatado además un contexto de estigmatización y deslegitimación a las 11 personas identificadas por la CIDH, por denuncias y actuaciones ligadas a la investigación de los crímenes de los sacerdotes jesuitas, y cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado.
"Considerando el contexto de violencia e inseguridad que afecta especialmente a los habitantes de la región de Tarahumara, Chihuahua, y tras analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal”,
La Comisión solicita al Estado mexicano a que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de las 11 personas y que esas medidas les permitan continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra.
Además se pide al Estado mexicano que informe sobre más investigaciones que realiza respecto a los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas de seguridad.
ledz