La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 151/2025 tras confirmar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida, derivadas del fallecimiento de una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 18, “CPS Coahuila”, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.
De acuerdo con el organismo autónomo, las deficiencias y omisiones médicas en las que incurrieron tanto el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como personal del Hospital General de Saltillo, adscrito a la Secretaría de Salud de Coahuila, contribuyeron al deterioro progresivo del estado de salud del interno y, finalmente, a su deceso.
La CNDH detalló que en junio de 2023 la persona privada de la libertad informó que padecía hepatitis C, plaquetopenia y anemia. No obstante, el médico del centro penitenciario le indicó que debía esperar hasta tres años para recibir tratamiento, pese a la gravedad del diagnóstico.
La Comisión acreditó que el centro penitenciario omitió canalizar oportunamente al paciente a un segundo nivel de atención hospitalaria, aun cuando existían datos clínicos de infección crónica por el virus de la hepatitis C, con probable insuficiencia hepática crónica y cirrosis. La falta de un diagnóstico especializado y de atención médica integral provocó complicaciones que obligaron su traslado al Hospital General de Saltillo, donde finalmente perdió la vida.
Además, la CNDH concluyó que la actuación del médico tratante del Hospital General de Saltillo fue inadecuada, al no activar los protocolos correspondientes ante los signos clínicos que presentaba el paciente, lo que derivó en la ausencia de un tratamiento oportuno para la cirrosis hepática y su correcta clasificación médica.
Como resultado de la investigación, el organismo determinó violaciones no solo al derecho a la salud y a la vida, sino también al derecho de acceso a la información en materia de salud, en perjuicio de al menos tres víctimas indirectas.
Entre las medidas ordenadas, la CNDH solicitó al titular del OADPRS reparar integralmente el daño a las víctimas indirectas, brindarles atención psicológica y tanatológica, así como implementar mesas de trabajo interinstitucionales para detectar y corregir irregularidades en los mecanismos de canalización médica de personas privadas de la libertad a servicios de segundo y tercer nivel.
Asimismo, la Secretaría de Salud de Coahuila deberá colaborar en el seguimiento de la denuncia administrativa contra el médico involucrado y diseñar un proceso de capacitación obligatoria para el personal de la Unidad de Medicina Interna del Hospital General de Saltillo y de consulta externa de esa especialidad.
Ambas dependencias deberán también elaborar un plan de trabajo conjunto para garantizar que la atención médica especializada para personas privadas de la libertad sea asequible, integral y oportuna, además de colaborar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La Recomendación 151/2025 ya fue debidamente notificada a las autoridades señaladas y puede consultarse de manera íntegra en el sitio oficial de la CNDH.
daed