La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por graves violaciones de tortura cometida por policías del ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, misma que expone que todavía hay dos elementos prófugos y que llega cinco años después.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre del 2019, cuando elementos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), uno de los dos cuerpos de élite que tenía la Policía de Tamaulipas, ingresó a domicilios de la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo, donde mataron a balazos a 8 personas, aunque en un principio el Gobierno del Estado presentó la versión de los hechos como el resultado de un enfrentamiento con delincuentes del Cártel del Noreste.
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Dentro de la recomendación 173 VG/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas (SSP), se comprobó que se transgredió el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, inviolabilidad del domicilio y a la intimidad, además de que el uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego vulneró su derecho humano a la integridad y seguridad personal.
De igual forma, se constató la vulneración al derecho a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura, en agravio de tres personas, atribuibles a policías del CAIET.
En la recomendación se indica que hay responsabilidad por violaciones graves a los derechos humanos de 17 personas, por actos y omisiones cometidas por 7 servidores públicos.
Reparación del daño
Cinco años después de lo ocurrido, con un CAIET ya desaparecido y dos elementos implicados prófugos, quienes cuenta con una orden de aprehensión vigente, la CNDH recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas proceder a reparación integral del daño causado a las víctimas directas e indirectas de estos hechos y otorgarles, sí todavía lo ocupan, atención médica, psicológica y/o tanatológica.
Además de proveerles gratuitamente los medicamentos e instrumentos convenientes a su situación individual; colaborar en el seguimiento de la denuncia que se presente ante la Fiscalía General del Estado en contra de las autoridades responsables de los actos de tortura de los que fueron objeto tres de las víctimas; exhortar a las personas servidoras públicas del CAIET a que se conduzcan con apego a la normatividad; solicitar que se sometan a actividades de formación especializada en derechos humanos y designar a una persona para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
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SJHN