Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó “las condiciones deficientes de infraestructura y habitabilidad” en las que se encuentran por lo menos 59 mujeres internas en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas (CERSS), número 4 Femenil de Tapachula, Chiapas.
Durante su visita, la CNDH tuvo acceso al oficio SSPC/SUBSESPMS/CERSS-04/TAP/DIR-135/2020, del 7 de septiembre de 2020, donde las internas “solicitan se amplíe el espacio destinado a prisión preventiva, toda vez que se cuenta con tres celdas con una capacidad total de veinte mujeres, misma que esta sobrepoblada”.
En el oficio que las internas entregaron a las autoridades se señala que “algunas compañeras estaban durmiendo en el suelo, situación que es incómoda e inhumana”, por lo que pidieron un mejor trato y que se les permitiera ocupar un espacio que al interior se le conoce como Sala A.
Sin embargo, la petición fue negada por las autoridades del penal “en virtud de que la infraestructura no es adecuada para realizar dichos cambios, debido a sus malas condiciones de habitabilidad (filtraciones, desprendimiento de concreto y fallas eléctricas), y que no tiene mayor espacio para albergarlas”.
Debido a las malas condiciones, la CNDH envío su Recomendación 19/2021 al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para que de inmediato se hagan las mejoras correspondientes.
En el documento de 50 hojas se informa que en octubre personal de la CNDH constató que dicho inmueble “presentaba condiciones de infraestructura deficientes, así como de materiales e higiene, la existencia de fauna nociva y falta de personal médico, lo cual coloca en grave riesgo a las mujeres privadas de la libertad, así como a dos personas menores de edad que se encontraban ese día de visita”.
La CNDH emitió medidas cautelares “para que se realizaran gestiones administrativas, materiales, de construcción, reparación, eléctricas, de protección civil, fumigación y cualquier otra índole, a fin de se otorgara a las personas privadas de la libertad estancia digna y se asignara personal médico suficiente para su atención, incluyendo a especialistas en ginecología”.
“La falta de personal médico ha repercutido negativamente en el estado de salud de las personas privadas de la libertad, y que menores de edad que habitan con sus madres no tienen acceso a una alimentación acorde, lo que contraviene el interés superior de la niñez y puede provocar daños irreversibles en su salud física y mental”.
El registro de las anomalías encontradas es exhaustivo “el lugar presenta goteras, filtraciones de agua, sanitarios con fugas y moho en paredes, sobrepoblación, hacinamiento y falta de higiene en las instalaciones, situación que vulnera los derechos humanos a la reinserción social y a la estancia digna y segura de ellas, así como el derecho a la protección de la salud y del interés superior de las personas menores de edad que viven con ellas”.
Dentro de la recomendación se le pide al Ejecutivo estatal “asignar y aprobar una partida presupuestaria para ampliar la plantilla del personal directivo, técnico y operativo que labore en el nuevo espacio, contemplando la incorporación de profesionales médicos suficientes y acordes a las necesidades particulares de las mujeres privadas de la libertad y de sus menores hijos y/o hijas, además de garantizar su derecho a la reinserción social”.
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