Con la finalidad de evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraude por parte de empresas que ofrecen préstamos inmediatos a través de aplicaciones y en redes sociales, la diputada Mayra Lucila Valdés, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de Coahuila, a fin de que implementen acciones ante esta problemática.
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La legisladora Natalia Virgil Orona dio lectura a la propuesta, y señaló en la exposición de motivos, que estas empresas, consideradas como organizaciones delictivas, obtienen ventaja de la necesidad de las personas de conseguir dinero de forma inmediata para diferentes situaciones de urgencia, cometiendo diversos delitos durante el proceso.
“Las aplicaciones telefónicas o apps de préstamos personales, son mecanismos para conocer fraudes y extorsiones a gran escala, de acuerdo a las autoridades, detrás de estas aplicaciones puede estar el crimen organizado, y en otros pequeñas bandas organizadas para realizar este tipo de delitos, y en algunos supuestos se podría configurar lo que se conoce como delincuencia organizada, y en otros la asociación delictuosa”.
Señaló que dentro del proceso existen varias etapas con diferentes irregularidades en cada una, iniciando al momento en que se descarga la aplicación y se aceptan las condiciones de la misma, obligando al interesado aceptar la petición de compartir datos personales y su lista de contactos, con lo que los delincuentes obtienen una base de datos que posteriormente utilizan.
La diputada local añadió que luego de conceder el crédito solicitado, cambian las condiciones ofrecidas inicialmente, exigiendo intereses más altos que los pactados, con plazos forzosos de pago que se vuelven muy complicados de solventar para los deudores.
“De no poder cumplir con estos pagos, el cliente empieza a sufrir amenazas de todo tipo, incluyendo el hacerle daño a su familia y seres queridos. Luego pasan a exhibir al deudor, ya sea en redes sociales, o a través de los contactos que originalmente tomaron del celular. Todas estas medidas de cobro son ilegales”, afirmó la legisladora.
Natalia Virgil Orona, aseguró que este tipo de delitos tienen competencia federal y del ámbito local, por lo que el llamado que se hizo en el Congreso del Estado, es que sean la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, las que tomen parte con medidas de prevención para toda la ciudadanía.
La propuesta recibió el respaldo de la totalidad de los legisladores y fue considerada como de urgente y obvia resolución, para inmediatamente recibir el voto a favor de forma unánime.
ARG