Al detectar que más de la mitad de los reportes por robo de vehículo a través de llamadas al 911 eran de particulares que peleaban la tenencia de una unidad o de litigantes intentando cobrar adeudos, la Fiscalía General del Estado advirtió que quienes incurran en esta situación podrán ser sancionados con multas y hasta cárcel al señalar que no se deben utilizar los recursos para este tipo de situaciones.
El director de Control Vehicular e Investigación de Robo de Vehículos, Alejandro Horta Dávila, señaló que quienes hagan estas llamadas sus casos serán judicializados, por lo que pidió absetenerce del mal uso del apoyo de las corporaciones de seguridad al destacar que se movilizan recursos afectando las verdaderas emergencias.
Expuso que esta situación genera una gran carga de trabajo de investigación que finalmente concluyen en problemas familiares y mercantiles que no refieren a un delito por robo como lo manifiestan en las llamadas de auxilio.
De acuerdo a la Ley vigente en Coahuila, quienes incurran en estos actos, serán sujetos a sanciones que van de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de hasta 100 salarios mínimos, según lo establece el artículo 345 Bis del Código Penal.
Las leyes castigan a quien utilice indebidamente los números telefónicos de emergencia proporcionados por las autoridades en materia de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja o cualquier sistema destinado a atender emergencias en la población, para dar un aviso que resulte falso y que provoque la movilización o presencia de personal de emergencia.
“Muchos litigantes abusaban del 911 al hacer reportes falsos de robos de vehículos para hacer cobros de algún dinero que se les debía a su cliente o alguna herencia”, detalló el funcionario al señalar que desde agosto detectaron que las denuncias aumentaron de forma alarmante.
“Pero al analizar las bases de datos se percataron que la mitad de los reportes eran de particulares que peleaban la entrega de una unidad. Los ciudadanos y abogados dejaban que el Ministerio Público determinara la situación ya que unos tenían la posesión del vehículo y otros la papelería”, expuso Horta Dávila.
Aunque el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, este procedimiento de los litigantes y particulares la autoridad judicial se convertía en medidadora y dejaba de lado su función primordial.
“Ante ello, tomamos cartas en el asunto y vamos a judicializar los casos que se hagan de reportes falsos por utilizar los recursos de la Fiscalía para arreglar problemas de índole, mercantil, civil o familiar”, advirtió.
Reiteró que la mayoría de los casos eran abusos de confianza donde un mecánico no quería entregar el automóvil o un abogado que quitaba el carro para exigir un pago, con lo que se generaba una alerta de robo de vehículo.