Diversos colectivos empujan para que el gobierno estatal asuma de manera integral la atención médica de quienes buscan a sus desaparecidos, pues durante los últimos años las enfermedades y la muerte les han alcanzado.
Las integrantes de tres organizaciones entrevistadas por MILENIO coincidieron en que, si bien existe el Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE) resulta insuficiente, pues hace falta una respuesta que involucre también a otras dependencias como la Secretaría de Salud en Coahuila.
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“Ahorita siento que el PROFADE está trabajando, pero creo que lo necesita es el compromiso de las secretarías para apoyarnos”, dijo Silvia Ortiz, representante del Grupo de Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA).
Ortiz señaló que a nivel federal la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no reconoce que diversas enfermedades o malestares de las personas buscadoras están vinculadas a la ausencia de los suyos y para atenderles piden comprobarlo.
“Sabemos que el estrés sí provoca el cáncer y la diabetes, pero ellos dicen que lo tenemos que comprobar”.
Sin embargo, a nivel estatal promueven que en Coahuila se involucre a diversas dependencias para atender a las y los integrantes de los colectivos de búsqueda que han sido afectados.
La buscadora y vocera del colectivo Voz que clama justicia por personas desaparecidas, Lucy López Castruita refirió que a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas consiguen atención médica, pero el proceso resulta burocrático al llegar a hospitales o centros de salud.
“Se está trabajando el tema con la Secretaría de Salud y no se ha llegado a un acuerdo en concreto, pero estamos solicitando que la atención sea más directa con las familias que no tienen seguridad social o recursos para un médico”.
Destacó que entre los malestares desarrollados por algunas personas buscadoras está la diabetes y los problemas cardíacos que derivan de las preocupaciones de no encontrar a sus seres queridos.
“Nuestra salud está muy deteriorada por las preocupaciones de dónde están y muchos se nos van por este tema. Estamos solicitando que se nos atienda más rápido, sin tanta burocracia, porque primero tenemos que ir a la CEAV y luego buscar que nos atiendan”.
Dijo que la solicitud de que la autoridad estatal asuma la atención médica no es nueva, pero se había dejado de lado y ahora ante situaciones ocurridas en los colectivos empujan con más fuerza el tema.
“Siempre lo hemos pedido, pero ahorita como nos estamos viendo rebasados con la salud y estamos más enfocados con el tema. Nosotras no tenemos calidad de vida porque andamos de arriba para abajo con nuestro dolor”.
Además de eso, Ixchel Mireles, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM), indicó que el apoyo local que reciben está relacionado a gestiones insistentes o bien por un reconocimiento a las familias organizadas, cuando debería ser un asunto general para cualquiera que sufra por una ausencia.
“No se trata de que sea un apoyo selectivo, sino que debería estar en una política pública. Que se reconozcan ciertos tipos de enfermedades, pues hay gente que ha muerto por cáncer por no tener una seguridad pública y era buscadora”.
Señaló que a nivel federal no existe una intención de atender esta problemática y que en Coahuila los apoyos están limitados.
“A tirabuzones sí encuentras el apoyo estatal, pero a nivel federal se batalla mucho. No hay un apoyo de parte del estado para ir a un hospital al momento de enfermar”.
A través de un ejercicio de transparencia, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) informó que durante el último año fueron ejercidos 2 millones 357 mil 123.47 pesos en el Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas. En 2023 fueron entregados 100 apoyos en materia de acceso a la justicia, 186 en alimentación, 102 en educación y 282 en salud.
Asumir las pérdidas desde la colectividad
Las tres entrevistadas coincidieron en que cuando fallece un buscador o buscadora se da el acompañamiento a la familia que sufre la pérdida, además de que existe un compromiso de mantener la exigencia de búsqueda de sus desaparecidos.
“Sigue seguir exigiendo por el familiar que buscaba, claro que las familias se unen y pedimos la presentación de los desaparecidos, principalmente de larga data”, expuso Ixchel Mireles de FUUNDEC y quien agregó que mediante la asesoría legal que tienen del Fray Juan de Larios dan seguimiento a los expedientes de investigación.
Silvia Ortiz y Lucy López expusieron que primero hay acercamiento con la familia para consultar si desean continuar o no con la búsqueda de sus seres queridos, pero también existe un compromiso de en toda actividad o pase de lista mostrar las fotografías y mencionar sus nombres para que no queden en el olvido.
Informe confirma daños a la salud
El Informe sobre afectaciones a la salud de familiares de personas desaparecidas y respuesta institucional en México, realizado por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Asociación Civil y publicado el año pasado, confirma lo dicho por las buscadoras.
El documento incluye una encuesta realizada a familiares de personas desaparecidas de 17 estados del país, entre ellos Coahuila, que respondieron sufrir malestares físicos o psicológicos tras la ausencia de sus seres queridos.
La investigación incluyó entrevistas con 266 personas de entre 20 y 79 años de edad y evidencian patrones. Un dato relevante es que el 79 por ciento declaró haber desarrollado una enfermedad crónica a raíz de la ausencia de su familiar.
El 24 por ciento de los encuestados respondió tener trastornos mentales y emocionales, un 14 por ciento problemas gastrointestinales, un 11 por ciento problemas cardiovasculares, un 9 por ciento enfermedades reumáticas y articulares, un 8 por ciento enfermedades metabólicas, 4 por ciento problemas dentales o de la vista, dos trastornos respiratorios y 8 por ciento otros.
Además de eso, el 64 por ciento dijo lidiar con problemas de concentración, 72 por ciento con ansiedad, 68 por ciento con desmotivación y 75 por ciento con tristeza.
El informe señala como constante que las Comisiones de Atención a Víctimas niegan apoyos médicos, pues justifican la inexistencia de una relación entre afectaciones de salud y el hecho victimizante.
“Es importante mencionar que, si bien no se puede comprobar con precisión que las afectaciones a la salud derivan directamente de la desaparición de un ser querido, también es cierto que tampoco se puede comprobar el supuesto contrario, es decir, que no son consecuencia de la desaparición”, añade el documento.
DAED