Del 2015 a la fecha, en Coahuila se registraron al menos 29 homicidios clasificados como crímenes de odio hacia las personas de la comunidad LGBTTIQ+, y aunque se ha avanzado en la clasificación del delito para un mejor registro, aún se tienen lagunas en cómo las autoridades tratan esta información, con más énfasis en lo relativo a desapariciones entre este grupo de la población.
Noé Ruiz Malacara, presidente de la asociación civil San AElredo, explicó que si bien Coahuila no figura siquiera en los diez estados de la república donde más registro de estas situaciones ocurren, lo cierto es que aún falta mucho por hacer en la integración de las carpetas de investigación que involucran víctimas que forman parte de la comunidad LGBT.
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Sin embargo, desde el año 2019, las iniciativas de ley que se han presentado para que se pueda integrar una efectiva carpeta de investigación que permita visibilizar estos delitos y determinar su real incidencia y afectación social a las víctimas, no han prosperado en el Congreso de Coahuila.
“A nivel estado los crímenes de odio pues son muy pocos, y no es que no sean cuestiones visibles, sino la integración, que es lo que estamos pidiendo nosotros, para el registro; es lo que no nos ha permitido tener una estadística fiel y real”.
Los registros que se tienen son generalmente porque los casos aparecen en los medios de comunicación “o porque es amiga o amigo de fulanita o de fulanito y son los que tenemos en el registro”.
Desapariciones
En cuanto a desapariciones, ni siquiera se tiene un dato local derivado de las autoridades: “como la estadística no nos da esos datos en desagregados, es decir, solamente se agrega por hombre y mujer, nos damos cuenta por solamente lo que se comparte de ellos y en redes”.
De ahí la importancia de que desde la Fiscalía General del Estado, se pueda desagregar los datos y lograr estadísticas reales de desapariciones.
“Porque en cuanto a lo de crímenes de odio, pues llevamos un número importante en el registro. Lo malo son las desapariciones, por eso le queremos dar ahora el vuelco al tema”.
Desde hace algunos años, y para lograr este propósito, se ha colaborado con la Fundación Arcoíris, trabajando en el observatorio que registra las publicaciones en medios de comunicación y las alertas de los autoridades, que incluyen los datos y la fotografía de las personas desaparecidas.
“Pero porque es amigo de fulanita o era amiga de menganita y sabemos que era una mujer trans, o que era un hombre gay o una mujer lesbiana. En ese sentido es como se ha estado recopilando la información de desapariciones a nivel federal”, explicó Noé.
Hasta ahora, el registro nacional es de 107 desapariciones desagregadas en 52 hombres gays, 45 mujeres trans y 10 mujeres lesbianas.
“De estos casos solamente yo creo que un 15 por ciento del total se han localizado con vida, de los demás pues han encontrado los cadáveres”; cabe mencionar que los datos corresponden al lapso desde el año 2022 a la fecha.
“El observatorio empezó desde 2019 y empezamos registrando solamente casos de asesinatos y amenazas. Y luego en 2022 el se abrió el registro para desapariciones y suicidios”.
Caso Coahuila
En el caso de Coahuila, solamente se tiene registro de cinco casos de desaparición, y de estos, únicamente dos se localizaron con vida.
Así, y debido a que en ambos casos puede haber sesgo, porque no están siendo bien documentados, dentro de la iniciativa de tipificación de crímenes de odio “que está en el Congreso todavía parada” y que fue presentada desde el 2019 por la entonces diputada perredista Claudia Isela Ramírez Pineda, “lo que se pedía era que se desagregaran los datos para tener una estadística real”.
Es decir, que en el registro no se pusiera solamente a la víctima como hombre ó mujer, sino también entraran en los registros las orientaciones sexuales, las identidades o las expresiones de género “para con ello pues tener un registro un poquito más fiel”.
Propuestas de Ley
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 91 fracción IV, 188 fracción XIII, 228 fracción VII, y 239 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en materia de delitos en contra de la población LGBTTTIQ”, fue presentada por la perredista el 25 de septiembre del 2019, y enviada a comisiones para su valoración. Terminó la legislatura, y las comisiones nunca terminaron este trabajo.
“Nosotros ahora que estamos teniendo contacto con ya más personas y que se han estado de una u otra forma contactando, hemos estado observando que a nivel estatal sí hay más casos. Por ejemplo, nos decían en Allende, que fulanita y meganito, que perenganita, eran parte de la población LGBT y un día amanecieron muertos, pero como no salió en medios de comunicación, pues no podemos rescatar esa información”.
En su exposición de motivos, la iniciativa de la ex diputada Claudia Isela Ramírez, señalaba que “Los crímenes de odio en contra de la población LGBTTTIQ+, son una realidad y son cada vez más frecuentes en nuestro país a medida que las personas de la diversidad sexual van revindicando sus derechos. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la Organización Internacional Transgender Europe, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en este tipo de homicidios, solamente detrás de Brasil”.
Para noviembre de 2022, la diputada morenista Lizbeth Ogazón Nava también presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 188 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza.
“En relación a tipificar los homicidios cuando la víctima pertenece a un colectivo LGBT+, ya que en lugar de elevarse se reduce su categoría a un homicidio, cuando en realidad sí se tiene que investigar qué rol jugó la identidad sexual o del género, dentro del crimen”.
Al igual que la de su antecesora, la iniciativa fue Turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Nunca fue dictaminada.
La ex legisladora morenista, destaca en su exposición de motivos que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Coahuila aseguraron, “mediante diferentes solicitudes de información”, que no contaban con carpetas de investigación abiertas, ni con sentencias por homicidios cometidos contra personas sexo genéricas, por lo que la finalidad de la propuesta era tipificar el transfeminicidio como delito a fin de que “los crímenes de odio contra las mujeres trans sean atendidos de forma correcta y visibilizados en el Estado”.
En este sentido, para organizaciones civiles como San AElredo es importante que la Fiscalía General del Estado de Coahuila y quienes se dedican a la labor de investigación e impartición de justicia, entre ellas los médicos forenses, “también tengan este tipo de datos, que lamentablemente no llegaron a un buen fin, pero que estadísticamente nos pueden servir para la creación de políticas públicas”.
A la falta de un adecuado registro se une la impunidad que se puede presentar debido a ello, y el temor que las víctimas de agresiones tienen en denunciar, en gran parte debido a la falta de confianza en las autoridades, según reza la iniciativa mencionada: “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su informe “Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América”, que las estadísticas disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrentan las personas LGBTI en el continente americano”.
Agrega que “muchos casos de violencia contra personas LGBT no se denuncian ya que muchas personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial”.
Noé Ruiz afirma que pese a la falta de reportes confiables, no se puede decir que Coahuila es el estado número uno en crímenes de odio, “porque no es verdad, ahorita quien lleva el récord es Veracruz, pero a veces como que las autoridades le tienen miedo a la estadística, a decir: Ah, sí, esto está pasando y es real”.
Algo similar ocurrió en su momento con las leyes relativas a la violencia contra las mujeres, refiere el entrevistado, por lo que actualmente.
“Si hacemos esta comparativa vemos que nosotros seguimos estando en desventaja. Y que aunque Coahuila sea un estado en el que las leyes han avanzado mucho más rápido que en otros estados de la República, en este caso, que es importante y que desagrega estadísticas para políticas públicas, en este, estamos parados”.
Recientemente, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ (ONCO) en México, presentó en Saltillo el documento “La desaparición de personas LGBTI+ en México, una guía para su registro y seguimiento”, cuyo objetivo es precisamente proporcionar un contexto actual de la desaparición de personas LGBTI+ en México, así como herramientas que clarifiquen el proceso de documentación, registro y seguimiento de casos de desaparición de personas LGBTI+ en el ONCO.
La guía propone herramientas prácticas y de fácil comprensión, “desde una perspectiva diferenciada e interseccional”, para identificar “patrones de víctimas, patrones de perpetradores, lugares de riesgo, así como proporcionar apoyo para el seguimiento a las investigaciones de casos de desaparición para su búsqueda, su localización o la ubicación de su familia biológica o social y lugar de residencia, con un enfoque LGBTI+”.
Y es que la propia guía subraya que en el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas sobre su visita a México, éste recomendó a nuestro país garantizar el acceso de las víctimas, “en condiciones de igualdad, a la búsqueda, justicia, la verdad y la reparación con un enfoque diferencial, señalando que esta situación es particularmente preocupante para algunos grupos de la población como personas LGBTIQ+, que se enfrentan, entre otros, a obstáculos de carácter discriminatorio”.
Para Ruiz Malacara, “a veces no se quiere crear o pensar en la realidad que se está viviendo por un tema de desacreditación. Y a que digan, "es que en Coahuila hay miles de casos de crímenes de odio". No, no los hay. Pero los poquitos que hay nos deberían de dar para hacer una reflexión y decir, "vamos a endurecer las leyes para que quien piense cometer un crimen contra la población LGBT, tenga un castigo ejemplar”.
Reconoció que en la entidad se ha avanzado en otras leyes que benefician a este grupo de la población, por lo que debe continuarse en este camino; “yo creo que están la tipificación no implicaría absolutamente ningún recurso público. Solamente sería inscribirlo en la ley y a partir de esto la implementación a nivel estado. Nada más”.
ACA