Los Órganos Internos de Control son unidades administrativas que dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC), en el caso de Coahuila, cuentan con ellos 17 dependencias y 50 organismos públicos del Poder Ejecutivo, a los que deben sumarse los de los 38 municipios.
Aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal en Coahuila establece las facultades de supervisión de estos organismos, que incluyen el inicio de procedimientos sancionatorios, esta no obliga a hacer públicos los informes que entregan a la SEFIRC, aunque sí a esta, respecto de los procedimientos iniciados y su estatus.
Por otra parte, el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza establece que los OIC deberán informar a la Auditoría Superior del Estado, dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibida la promoción de responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.
Y en su párrafo segundo, que estarán obligados a presentar un informe cada 30 días hábiles, en el cual harán del conocimiento el estado que guardan los procedimientos iniciados y, en su caso, las sanciones que se hubieren impuesto. El párrafo tercero establece que los Órganos Internos de Control deberán informar a la Auditoría Superior de la resolución definitiva que se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los 10 días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución.
A través del Indicador de Cumplimiento, la ASE evalúa por entidad fiscalizada el cumplimiento de las promociones de responsabilidades administrativas no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, respecto de las auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera, y los da a conocer en sus Informes de Resultados anualmente.
Sin embargo, la homologación de la información y su claridad es ambiguo, ya que en el primer caso, de la SEFIRC, al ingresar al sitio oficial www.sefircoahuila.gob.mx, la lista de procedimientos contra funcionarios públicos no se localiza con esta nomenclatura, sino como 'lista de acuerdos', lo que dificulta encontrar la información, que está disponible en listadeacuerdos.sefircoahuila.gob.mx, no obstante, este apartado solo presenta los casos registrados en los dos últimos años, 2025 y 2026.
Así, se da cuenta de un total de 374 procesos en los dos años mencionados, que solo cuentan con los datos de fecha de publicación, número de expediente, dependencia o entidad a la que pertenece el sancionado, el nombre del presunto responsable, y el último acuerdo sobre el asunto, de ellos solo 14 tienen resolución definitiva con sanción aunque no se especifica de qué tipo ni tampoco se especifica la irregularidad en que se incurrió por parte de los funcionarios.
En la página de SEFIRC, también se puede encontrar un listado de responsables de los órganos internos en la entidad, aunque únicamente están registrados 13 de los 67 que refirió la dependencia y que ya fueron desglosados al inicio.
Por su parte la ASE señala en su Informe de Resultados al segundo semestre de 2025, que en el último reporte de los órganos internos, que corresponde al 2023, de las 142 entidades a las que se les promovió vistas de presuntas faltas administrativas no graves, sólo en 6 Órganos Internos de Control se emitió algún tipo de sanción.
En la mayor parte de los casos, o no se emitió sanción o se llegó a algún acuerdo aunque no se especifica de qué tipo, en tanto que en la mayoría tampoco se especifica el nombre o cargo del funcionario al momento de la sanción, y sólo se reportó como “a quien corresponda”.
Ejemplos de la complejidad
Aunque se solicitó a los titulares tanto de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, como al Auditor Superior del Estado Manuel Ramírez Briones, una entrevista para aclarar los hallazgos encontrados, ninguno de los dos resolvió sobre la petición, y en el caso de SEFIRC, únicamente se remitió una ficha informativa que en su mayoría describía la actual legislación sobre los OIC.
María Teresa Nares Cisneros, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Coahuila, explicó que los órganos de fiscalización se encargan de prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción de los servidores públicos.
En su caso concreto, su rectoría, además de las leyes ya señaladas, proviene del Código Electoral vigente en la entidad y el reglamento interior del Instituto Electoral y de la propia Contraloría, “porque nosotros trabajamos como un órgano que tenemos autonomía técnica y de gestión. Técnica es que nosotros establecemos lo que vamos a llevar a cabo para el control. Y de gestión es porque nosotros determinamos los horarios, cómo vamos a llevar a cabo los trabajos”.
Entre ellos, una línea del tiempo para hacer las auditorías y llevar a cabo la vigilancia de las declaraciones patrimoniales, los términos en los que inician un procedimiento sancionador en contra de algún servidor público cuya conducta haya dado pie a que se presente alguna denuncia, ya sea por algún ciudadano o por otro funcionario público del mismo ente.
En su caso, asegura, se rinden informes al Consejo General, al Congreso del Estado, a los órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y se rinde un informe anual al Sistema Estatal Anticorrupción que a su vez rinde a una plataforma nacional.
“Dentro del micrositio del instituto hay un apartado en donde hay una lupita, donde dice órgano interno de control. Y ahí viene cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos para fiscalizar, cómo puede la ciudadanía acceder al órgano interno de control. A veces la gente se confunde y pretenden que nosotros conozcamos situaciones, por ejemplo, de algún partido, de algún diputado, y eso sí escapa de nuestras facultades y atribuciones”.
Puntualizó que su primera labor es la prevención y por ello deben fiscalizar el correcto ejercicio del gasto. “Hacemos auditorías de manera trimestral internas en donde solicitamos todas las pólizas de gasto de todas las compras que se llevan a cabo y toda la erogación del gasto, el actuar de los servidores públicos. Nosotros emitimos y sometemos al Consejo General varios lineamientos y reglamentos”, y cuentan con un Comité de Ética y Conducta.
Explicó que realizan dos clases de auditoría: la integral, cuando se revisan todas las pólizas de gastos y, si salen observaciones, se remiten a la dirección de administración, que tiene un término para solventarlas; el otro tipo son las auditorías internas e incluso en colaboración con la federación.
Puntualizó que se debe contar con una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y una autoridad resolutora; “actuamos como un órgano jurisdiccional sin ser un órgano jurisdiccional; llevamos procedimientos, y en tercer término, las declaraciones patrimoniales”.
Al cambio de la ley, también se califica que el Instituto Electoral de Coahuila cumpla con todas las obligaciones a que está obligado a transparentar hacia el exterior.
El IEC tuvo en 2025 un total de tres denuncias, aunque su titular afirmó que hubo más, “pero en investigación no se determinó que hubiera elementos suficientes para mandarlo a sustanciar”, aunque dijo no recordar las sanciones. “Tuvimos en el 2024 un procedimiento que remitimos al Instituto Nacional Electoral y que terminó en una remoción”.
La instancia realizó una auditoría federal, cuatro estatales, seis auditorías internas, y aunque están facultados para investigaciones de oficio, este año no se derivó ninguna.
Patricia Alejandra Peña Aguirre, Contralora Municipal de Saltillo, explicó que al momento de recibir una queja, se debe proceder conforme a todos los marcos legales que rigen, y con ello el proceso puede alargarse. Agregaron que en lo que va de este año, se han iniciado únicamente tres procesos.
“Estamos abiertos a recibir cualquier tipo de queja, denuncia, para poder detectar cuestiones o procesos que requieran mejorarse; a través de la página de la contraloría, cualquier ciudadano puede registrar su queja, de manera identificada o anónima”.
Se analizan ambas partes desde direcciones, personas, elementos y momentos, para llevar a cabo una investigación: “El ciudadano siempre está informado, y aquí nosotros tenemos que agotar absolutamente todas las instancias”.
Indicó que se revisa la normatividad, lineamientos, leyes, organigramas y manuales de procedimientos, “que nos permitan evaluar si existe alguna responsabilidad que se requiera investigar más a fondo”.
Las principales quejas se dan en todas las áreas que tienen atención directa con el público, como es el caso de Catastro y Desarrollo Urbano. “Los servicios públicos en general, en el portal de transparencia del municipio, se publican todas las sanciones, hasta que se tiene una resolución definitiva”.
“Muchos de los procedimientos nosotros hicimos resolución, pero luego se van al amparo, al Tribunal de Justicia Administrativa y se tarda, a partir de que dictamos la sentencia hasta que ya sea firme. Ahorita sí tenemos uno del año pasado contra un proveedor, que está ya en el Tribunal de Justicia Administrativa; nosotros hacemos las audiencias, la investigación y todo, pero allá resuelven. Y tenemos otro procedimiento, que estamos en proceso de integrar ya en temas de audiencia y demás. O sea, ya se agotó la parte de investigación y está en proceso de darle la garantía de audiencia al presunto responsable”.
De las quejas, dijo Francia Fuentes, directora jurídica de la Contraloría, fueron entre 20 y 30, “y aunque a veces no llegan a un punto de sanción, lo que nosotros tratamos de hacer es mandar oficios o cartas de instrucción y estamos muy al pendiente de que cuando menos el trámite del ciudadano que se está quejando se acelere”.
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