La detención de una persona por el delito de uso indebido de propiedad federal en el caso de la mina Pinabete, debe sentar un precedente para mejorar la supervisión por parte del gobierno federal, sostuvo el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de Las Fuentes, y aseguró que a la entidad sólo le corresponde contribuir en una responsabilidad netamente federal.
“Nosotros esperamos que estas experiencias hagan posible que la Secretaría del Trabajo Federal implemente las medidas correspondientes para estar supervisando las condiciones de las minas”, expuso De Las Fuentes.
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De igual manera, recordó que la Secretaria de Economía es la dependencia federal que lleva el catastro minero del país, “está dentro de sus atribuciones; incluso existe una Dirección de Minas que se supone que tiene todos los planos y las circunstancias de cada una de las minas”, por lo que resaltó, se tienen todos los elementos para una mejor supervisión.
“En base a ello, esperamos que todo esto tome una fuerza mayor precisamente para poder evitar este tipo de incidentes”, agregó al hablar sobre el reciente accidente ocurrido en Pinabete.
Reiteró lo dicho este lunes por el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, en el sentido de que se debe indagar no solamente a quien ya se detuvo en días pasados acusado de explotación indebida de los bienes nacionales, sino a todo el aparato que colaboró en la puesta en operación de la mina.
“Quién dio la concesión, quién tenía la producción, los propietarios de la mina y quién cobra el carbón; porque es una secuela, donde hay un propietario, concesionario, la extensión de un contrato por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la venta del carbón, quien es el comprador y el que dio los contratos”.
Apuntó que es esto precisamente lo que se le pide al Gobierno Federal; y Coahuila como entidad está en la mejor disposición para coadyuvar “en esclarecer este tipo de circunstancias”.
Por otra parte y en relación a las denuncias que algunas familias han interpuesto luego del accidente contra quien resulte responsable del mismo, Fernando de las Fuentes expresó que por su parte Coahuila les ha ofrecido y dado asesoría jurídica, pero ésta más bien versa en el lado civil y no penal.
“Trámites civiles con las nueve familias, mantenemos un contacto permanente y respondemos hasta la manera en que tiene las facultades del Gobierno del Estado; hay gente que le falta conocimiento o tiene problemas de algún juicio sucesorio”, concluyó.
ARG