Tras años de operar en la opacidad, los llamados “anexos” en Coahuila quedaron sujetos a un nuevo y estricto marco legal. Además, se volvió a poner en el juicio público la operación de estos centros de rehabilitación por un caso que se suscitó en Torreón.
El pasado 6 de enero fue publicada en el Diario Oficial del Estado de Coahuila la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobada en diciembre por el Congreso del Estado de Coahuila, con el objetivo de erradicar prácticas ilegales, internamientos forzados y tratos degradantes que por años se normalizaron bajo el discurso de la rehabilitación.
Punto de quiebre con el anterior modelo
La legislación marca un antes y un después en la forma en que operan estos centros. Aquellos que funcionaban sin supervisión deberán ahora transformarse en Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones (ERETA), sujetos a controles legales inéditos. El Estado busca cerrar la puerta a la simulación que permitió privaciones de la libertad y abusos sistemáticos.
Uno de los puntos más severos es la obligación de reportar al Ministerio Público, en un plazo máximo de 24 horas, cada ingreso y egreso. La norma es clara: nadie puede ser internado ni retenido contra su voluntad, salvo en casos de urgencia terapéutica; aun así, la permanencia quedará a decisión del paciente una vez superada la crisis.
Cero tolerancia a la violencia
La ley prohíbe de forma explícita el traslado forzado, como recientemente puso “de moda” la patrulla espiritual que opera en Tijuana y que se replicó en todo el país, incluido Coahuila; la coerción física o psicológica y cualquier tipo de tortura o trato inhumano. Prácticas denunciadas durante años por familias y organizaciones civiles, y que ahora cuentan con un instrumento jurídico para ser sancionadas.
Inspecciones, clausuras y un padrón estatal
El nuevo marco crea un padrón estatal obligatorio y faculta a autoridades estatales y municipales para inspeccionar, clausurar y sancionar a los centros que incumplan requisitos de seguridad, protección civil, personal capacitado y condiciones mínimas de operación.
La reforma endurece también los requisitos para responsables o padrinos, quienes deberán acreditar al menos dos años de sobriedad. Además, incorpora una perspectiva de género al ordenar que los centros femeninos sean atendidos exclusivamente por personal mujer, para reducir riesgos y abusos.
Caso reciente: la crudeza que exhibe el pasado
Golpes, fracturas y encierros forzados fue el resultado de un rescate de internos del Centro de Rehabilitación Renacer, que volvió a desnudar la violencia con la que durante años operaron los llamados “anexos” en la entidad.
El operativo, encabezado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón y la Protección Civil del Estado de Coahuila, permitió rescatar a varios jóvenes víctimas de agresiones físicas sistemáticas en un inmueble de la colonia Ampliación La Rosita.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:50 horas del sábado, cuando un joven lesionado logró escapar y alertar a policías municipales. Al ingresar, las autoridades hallaron a otros internos con lesiones graves: fracturas de cráneo, tabique nasal y una posible fractura de cadera, algunas atribuibles a agresiones previas.
El saldo fue de siete personas detenidas por presunta participación en las agresiones, además de aseguramientos por usurpación de funciones y amenazas. El establecimiento fue clausurado de inmediato tras documentarse múltiples irregularidades.
La ley ya está; el reto es aplicarla
El caso de Torreón ocurrió semanas después de la publicación de la nueva ley y evidencia que la violencia persistía mientras la norma comenzaba a aplicarse. Las autoridades llamaron a las familias a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, paso clave para evitar la impunidad.
El mensaje desde los tres poderes del gobierno estatal es contundente: la atención a las adicciones ya no puede operar al margen de la ley. La exigencia ahora es clara: vigilancia, sanciones y cero tolerancia, para que la reforma no quede en el papel y para que ningún interno tenga que escapar de ser golpeado para que alguien intervenga.
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