Luego de la denuncia de presunto acoso sexual de parte de una trabajadora federal, la Delegación del Gobierno Federal en Coahuila negó un despido injustificado y sostuvo que se le siguió un proceso administrativo por no presentarse a trabajar en pleno periodo operativo de pago.
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Laura Francisca Garcés se presentó el pasado 19 de septiembre ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer en Saltillo, para denunciar a Alejandro Navarro Rodríguez, Director de Servicios de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Coahuila, por lo que la Delegación de Bienestar sólo señaló que “estará atenta a las indagatorias y de comprobarse los señalamientos, se tomarán las medidas pertinentes”.
Además, la delegación negó un despido injustificado, pues alegó que “la ciudadana” en efecto fue informada de que su nombramiento temporal con vigencia del 30 de septiembre del presente año, no sería renovado. “Lo cual implica en primer término, que no fue despedida y en segundo que no se da de baja en su periodo vacacional, como lo manifestó”.
Indicó que la denunciante terminó su contrato el pasado 30 de septiembre, y ya se le había levantado acta administrativa el pasado 25 de agosto por el motivo de ausentarse injustificadamente en pleno periodo de operativos de pago.
Además, recalcó que la ahora ex trabajadora del Gobierno Federal jamás presentó quejas previas ante la delegación, de cualquier índole.
Periodo vacacional
Precisó que el periodo vacacional que menciona la trabajadora, fue autorizado del 10 al 23 de septiembre del presente año y fue el 28 de septiembre, cuando fue informada de que su contrato no sería renovado, por lo que en consecuencia debía cumplir su contrato, presentándose a laborar hasta el día 30 del pasado mes.
Laura Francisca aseguró que desde octubre de 2019, su jefe directo le acosaba sexualmente con palabras obscenas, lo que terminó en que el pasado 10 de septiembre salió de vacaciones por 10 días hábiles y al retornar, el pasado 23 del mismo mes a trabajar, se topó con un papel en el que la daban de baja, fechado el 17 de septiembre.
La afectada sí citó que en efecto fue objeto de un procedimiento administrativo, pero aseguró que este ocurrió en represalia por exigir que no se le siguiera acosando tanto sexual como laboralmente.
RCM