Desde el 2010 la crisis por las desapariciones en Coahuila no ha tenido fin ni descanso. Por más de una década, las familias de este estado se han convertido en buscadores, recorriendo campos abiertos y desenterrando cualquier tipo de hueso que encuentren.
Tan solo a finales de 2017 se calculaba que había 18 mil 700 víctimas indirectas por desaparecidos en la entidad, de acuerdo con el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Lorena Amabilia Vallejo Vázquez, madre de Cristian Daniel Mundo Vallejo y originaria de Piedras Negras, es uno de los miles de retratos de esta tragedia.
Su hijo, de entonces 18 años, desapareció en octubre de 2011; tres meses después supo que su cuerpo estaba en la fosa común del Panteón La Paz en Saltillo, pero eso no se lo devolvió.
“Nomás me daban falsas esperanzas, que en un mes, que ya pronto…”, cuenta Lorena. Las autoridades la trataban bien, incluso la invitaban a las mesas de coordinación forense con el Gobernador.
“Yo sentí que nomás me traían ahí para cubrir los espacios que ellos querían”. Ese ir y venir duró nueve años. En noviembre de 2017, el gobierno del estado les prometió una luz al final del camino a los coahuilenses que buscaban a sus desaparecidos y con bombo y platillo anunciaron la creación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense (PEEIF).
Su objetivo: dar respuesta “a la emergencia humanitaria del fenómeno de la desaparición en Coahuila”; su presupuesto de inicio fue de 16 millones de pesos. Pero esta ilusión se desvaneció pronto para cientos de familias.
De acuerdo con un análisis hecho a través de más de 50 solicitudes de información, se encontró que después de tres años, esta iniciativa se compone principalmente de cifras que no cuadran en cuestión del número de desaparecidos en el estado, un número mínimo de identificaciones de restos, fallas en las exhumaciones, un aumento en el registro de cuerpos sin identificar, falta de información acerca de las fosas clandestinas en la entidad y poca transparencia sobre el uso del dinero.
¿La razón? inconsistencias jurídicas que no estaban apegadas a la realidad de lo que podía hacerse, explica Ariana Denise García Bosque, asesor jurídico del organismo. Para muchas familias esto solo fue un plan de papel.
“Estaba todavía Rubén Moreira y después de la administración de su hermano él tuvo la necesidad de legitimarse y aceptó trabajar con las familias e iniciar proyectos que pudieran tenerlas menos enojadas”, dice Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en el municipio de Ramos Arizpe hace ya 14 años.
Cumplimientos al mínimo y exhumaciones sin protocolos
Los desaparecidos y los restos sin identificar se siguen apilando en el estado de Coahuila. El Plan estatal que prometió darle un nombre a los cuerpos que estaban en las fosas comunes comenzó en 2017 y hasta finales de 2020 sólo habían logrado la identificación plena de 13 personas, de las cuales 12 fueron entregadas a sus familiares, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila y el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y en Coahuila (Fundec).
Todo esto al mismo tiempo que el registro de desapariciones pasó de 5,251 a 5,847 desde que inició el Plan hasta septiembre de 2020, según datos obtenidos vía solicitudes de información.
Y los últimos informes oficiales hablan de un total de 6,080 desaparecidos. La razón de que este resultado apenas rebase la docena de identificaciones es escueta por parte de las autoridades.
“Las identificaciones fueron producto de una hipótesis que se pudo comprobar y que dio rumbo para conocer su identidad [...] En el resto no existe una hipótesis de identificación… es decir, con qué familia contrastar la información del cuerpo, entonces no tenemos precisamente la posibilidad de hacer la identificación”, explicó Jesús Fernando González Lozano, Coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones y subdirector de Unidades de Investigación.
Y aunque se tienen 298 muestras de referencia de ADN, según el Centro Regional de Identificación Humana, todas recabadas de familiares en una reciente exhumación masiva en Torreón, esto parece insuficiente para conocer la identidad de los cadáveres que sacan de las fosas, pues se requiere como mínimo que cuatro familiares de la persona desaparecida aporten su muestra para hacer los cruces y garantizar la identificación, explica Blanca Isabel Martínez Bustos, Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan De Larios.
En los últimos días de 2019, el Panteón La Paz en Saltillo fue el escenario de la primera exhumación masiva en el estado, 53 cuerpos salieron de esa gran tumba. Pero esto no fue resultado del PEEIF, ni del gobierno estatal, sino de Lorena Amabilia, quien se apostó a las afueras del panteón y prometió no moverse de ahí hasta que le entregaran los restos de su hijo.
Ya habían pasado siete años desde que Lorena sabía que el cuerpo de Daniel estaba en esa fosa común y hasta ese entonces la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila no había hecho nada para que la Fiscalía General de la República (FGR) le devolviera a su hijo.
La falta de coordinación entre ambas instancias dio como resultado que muchos de los restos que fueron extraídos en esa primera ocasión sigan sin ser identificados, ya que aunque hubo apoyo estatal, el operativo fue realizado por la FGR y la información no ha logrado fluir en su totalidad.
Hasta finales de 2020 el número de exhumaciones aún tenía registros muy por debajo de lo que se prometió al inicio del Plan Estatal, pues sólo se habían realizado 87 en casi tres años, es decir menos de 3 por mes.
A pesar de que para el primer trimestre de 2021 se recuperaron 148 cuerpos, después de que el 8 de marzo se realizó la segunda exhumación masiva en la entidad en el Panteón 2 de Torreón, esta es una tarea que lleva tal nivel de retraso que parece muy complicado llegar a números positivos.
Incluso, aunque se rebasó la meta inicial de 116 cuerpos recuperados en Torreón y se cumpla la continuidad este año en el Panteón 1 de la misma ciudad y el Panteón La Paz de Saltillo, todavía se está lejos de abatir el rezago, pues en cada operativo la cifra ha sido mayor a la que se tiene en los registros, acepta Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de Búsqueda de Coahuila.
Además, todas estas acciones al final no han logrado traducirse en lo más importante para las familias: la identificación.
“El objetivo no es exhumar: es identificar y regresar a casa”, asegura Blanca Martínez. Las cifras muestran que a pesar de que se aumentó la exhumación, las acciones de identificación no llevan el mismo ritmo, de los ya 245 cuerpos recuperados hasta el 26 de marzo, sólo 97 contaban con análisis médico forense, antropológico, odontológico y de criminalística pero aún faltan algunos del análisis genético, según la información deFUUNDEM-FUUNDEC.
A esto se le suma la falta de protocolos al momento de abrir estas fosas, pues la mayor parte de los cuerpos están sujetos a una carpeta de investigación o averiguación previa y cuando los sacan de su sitio es algo que debería constar en las actas, es decir, especificar que se está haciendo un movimiento, porque de otra forma se pierde el hilo de dónde quedan y es la forma recurrente de desaparecer uncuerpo, explica Ariana García, representante jurídica de los colectivos y quien lleva más de dos décadas atendiendo estos casos.
EGO